El proyecto no rebajará los 3.811 cargos electos en Galicia ni mermará sus sueldos, aunque sí engordará las diputaciones
22 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Cuando se acerca el primer aniversario de la apertura del debate sobre la reforma local, la única idea que queda en pie de aquella declaración de intenciones que Rajoy anunció al pleno del Congreso el verano pasado es el refuerzo de las diputaciones. El resto se ha ido diluyendo entre propuestas ambiguas que los alcaldes consiguieron desactivar con una presión en la que Galicia ha desempeñado un papel protagonista. Al final, ni habrá recortes entre los 3.811 cargos electos en los 315 concellos ni mermas significativas en las retribuciones de los regidores. Tampoco está previsto que la reforma incorpore mecanismos para incentivar la fusión voluntaria de municipios. Y está por ver que consiga poner orden en el caos de las competencias impropias, aquellas que los concellos ejercen indebidamente.
Pero, aunque apenas mudará el escenario final, la reforma local cambiará las reglas de juego. Así sucederá con las retribuciones, el aspecto que más ampollas levantó entre los alcaldes gallegos. Al contrario de lo anunciado por el Ministerio de Hacienda en distintas fases, ni se limitarán los sueldos de los miembros de las corporaciones al 0,6 % de su presupuesto anual (algo que abocaría a meter la tijera a la retribución de 174 de los 315 alcaldes gallegos) ni se dejará sin cobrar a los que gobiernan ayuntamientos con menos de 1.000 vecinos. Este ámbito queda a expensas de una tabla retributiva que, en función del censo de cada municipio, ligará la retribución de los alcaldes a un porcentaje sobre el sueldo de un secretario de Estado, que ronda los 100.000 euros. En la actualidad, 8 de los 315 regidores gallegos superan los 60.000 euros anuales, 87 cobran entre 40.000 y 60.000; 138 están por debajo de los 40.000; y 82 no cobran nada. La Xunta no solo respalda la demanda de los alcaldes para que ninguno se quede sin sueldo, sino que el propio Feijoo le entregó a Rajoy en marzo unas alegaciones a la reforma local que respaldan las tesis de la Fegamp, con una horquilla que va de los 34.000 a los 60.000 euros. La FEMP busca un acuerdo para que aquellos que son funcionarios puedan elegir entre mantener ese nivel retributivo o optar por el que le corresponda como cargo electo.
En contra del último globo sonda sobre la reforma, tampoco los 31.000 funcionarios de los concellos y diputaciones gallegas verán recortados sus sueldos, si bien Hacienda sí quiere regular su evolución futura.
En cuanto al número de cargos electos, la reforma mantendrá los 3.811 que hay en la actualidad en Galicia. Ni se aplicará la rebaja inicial del 30 % esbozada por Rajoy (que implicaría recortar 1.143 en esta comunidad) ni tampoco la versión suavizada posterior del 20 % (762).
Factores diferenciales gallegos
En el plano competencial, no se producirá el vaciado que alarmó a los municipios, ni la intervención de los de menos de 5.000 habitantes. Las comunidades deberán asumir servicios sociales en el plazo de un año y centros escolares y de salud, en cinco. Los concellos dispondrán de un paquete de competencias que tendrán que prestar con mayor eficiencia. Si no lo hacen, las perderán a manos de las diputaciones, las grandes beneficiadas de la reforma. Para ello, fijará un coste estándar de la prestación de cada servicio. Serán eficientes aquellos concellos que se ajusten a ese coste. En Galicia, la Fegamp y la Xunta demandan que esa fórmula tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento poblacional, que encarecen la prestación.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió a incidir ayer en que esos «factores diferenciais» deben ser tenidos en cuenta. Por su parte, el vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero, objetó la «inmensa confusión» del texto. Tanto AGE como el BNG pusieron el acento en el derecho de cargos y empleados a ser retribuidos.