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Hay decisiones que no pueden entenderse desde la lógica ni el sentido común. No es habitual que la sala desautorice al instructor en un trámite que en ningún caso menoscababa los derechos de la infanta. Porque doña Cristina no ha sido acusada de nada. Pero el juez Castro, cuyo trabajo ha recibido todo tipo de elogios, acumuló indicios suficientes para cuando menos darle la oportunidad de desvirtuarlos. Y de paso, evitar un cierre en falso de la investigación. La notoriedad de las partes no puede ser motivo para convertirlas en chivo expiatorio ni para lo contrario, para darles una protección especial. La justicia debe ser igual para todos, y si no lo es, deja de ser justicia. Y sin ella es imposible una sociedad, o al menos una sociedad democrática. El núcleo de la actividad delictiva del caso Nóos es el aprovechamiento del vínculo con la familia real para apropiarse de dinero público. No se puede prejuzgar que se hiciera con conocimiento y consentimiento de la infanta. Pero, a la vista de las pruebas, que incluyen indicios de delito fiscal que la propia sala reconoce, sería una irresponsabilidad que no sea citada a declarar, siquiera como testigo. Cierto que la imputación, pensada como garantía extra, ha acabado para muchos en sinónimo de acusación. Un fallo de diseño procesal que habrá que corregir. Pero evitar la pena de telediario a la infanta, que no se ahorra a otros miles de imputados, y hacerlo con el estruendo de la connivencia de los aparatos del Estado hace un daño considerable a la justicia, en forma y fondo, y de paso salpica a las instituciones que pretende preservar. Por eso, el auto de la Audiencia de Palma parece un clamoroso error, que aún puede ser corregido.