12 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.
Está en juego algo aún más importante que el patrimonio público: la justicia misma. La idea de que quien la hace la paga, sea cual sea su rango y posición social. Vulnerar este principio es corrosivo para la sociedad. Los argumentos del juez para interrogar a la infanta Cristina parecen tan razonables que la radical oposición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado puede verse como una espuria manera de evitarle el paseíllo por ser quien es. Declarar ante el juez no debe ser un estigma ni presuponer culpa alguna. En todo caso, el daño sería infinitamente menor que el de dejar en el aire la sospecha de un trato de favor.