El conde de Fontao, asesor del rey, y González Pons declararán como testigos en el caso Nóos
08 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Iñaki Urdangarin podría tener que enfrentarse a dos juicios públicos: en Baleares y en Valencia. El juez del caso Nóos, José Castro, con el beneplácito de la Fiscalía, prevé remitir, una vez acabada la instrucción del sumario esta primavera, o incluso antes, una exposición razonada al Tribunal Superior de Valencia. En ella le pedirá -por el aforamiento de los implicados- que instruya una causa por prevaricación contra la alcaldesa, Rita Barberá, el expresidente Francisco Camps y, al menos, otros cuatro altos cargos públicos. De aceptar los jueces valencianos la petición, el duque de Palma y su exsocio Diego Torres volverían a sentarse en el banquillo. Según fuentes de la investigación, tanto Castro como el fiscal Pedro Horrach creen que hay indicios para imputarlos por los cuatro contratos a dedo a Urdangarin y a Nóos entre el 2004 y el 2006.
El magistrado tomó la decisión después de escuchar en febrero las declaraciones del propio duque y de Torres. Ambos confirmaron que tanto los Valencia Summit como la idea de los Juegos Europeos surgieron después de las entrevistas con Camps y Barberá. La alcaldesa ha venido insistiendo en que ella no «firmó» nada ni «dio a dedo nada a Nóos», y sosteniendo que fue la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau «quien tomó la decisión» de hacer los Summit y que esa es «una entidad de carácter privado». El Tribunal de Cuentas dictaminó que la fundación es básicamente una empresa pública, porque el 80% de sus fondos son municipales.
Anticorrupción cree que la adjudicación directa saltándose todas las normas de contratación pública solo pudo ser posible por la intervención directa de esos dos mandatarios. Castro, en el auto del 30 de enero en que acepta la fianza civil de 8,2 millones contra Urdangarin y Torres, ya adelantó que los convenios firmados por el Gobierno valenciano y el consistorio «no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar a Nóos y a Urdangarin».
Anticorrupción pidió ayer que se tome declaración al entonces consejero Esteban González Pons, quien firmó el convenio por el que la Generalitat se comprometía a pagar a Urdangarin cinco millones de euros si lograba los Juegos Olímpicos Europeos. También ayer solicitó la comparecencia como testigo de José Manuel Romero, conde de Fontao, el asesor del rey, enviado para advertir a Urdangarin que dejase Nóos y a su socio.