El Gobierno ha querido contar con sólidos argumentos jurídicos, avalados por la Abogacía y, sobre todo, el Consejo de Estado antes de recurrir la declaración del Parlamento catalán que define a Cataluña como un «sujeto político y jurídico soberano», lo que agrava aún más su enfrentamiento institucional con la Generalitat. Ha elegido una de las tres vías que prevé la Constitución, descartando el recurso de inconstitucionalidad y el conflicto de competencias, y ha optado por la impugnación prevista en el artículo 161.2, que le faculta para recurrir «las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas», lo que produce su suspensión hasta que el Constitucional decida ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
Que el contenido de la declaración es anticonstitucional es indudable. El Gobierno considera que viola los artículos 1.2, 2 y 9.1, que disponen que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto, la unidad indivisible de la nación y la obligación de todas las administraciones de estar sujetas a los mandatos de las leyes y la Constitución; y el 168, que prevé un sistema de reforma agravada de la Carta Magna para ciertos títulos.
La discusión de fondo que se plantea es si esa resolución parlamentaria produce efectos jurídicos, como mantiene el Gobierno con el respaldo del máximo órgano consultivo, o es un acto político, de suma trascendencia política sí, pero que no los tiene, porque es una simple declaración de intenciones, según sostiene la Generalitat.
Rajoy, que trata de emplear guante de sede en mano de hierro, no tiene otro camino que aplicar las leyes ante el desafío soberanista anticonstitucional que ha puesto en marcha Mas con el respaldo de ERC. Ha preferido hacerlo desde el primer momento y pertrechado por elementos jurídicos de peso que esperar a que Mas convoque la consulta ilegal, porque el presidente catalán está dispuesto a continuar su huida hacia adelante. La Constitución es un límite que no se puede rebasar.