La pregunta sobre cuánto deben ganar nuestros políticos solo puede contestarse razonablemente de un modo que, ¡ay!, no constituye una respuesta: pues depende. En efecto, los sueldos de los políticos, de tal forma que los de los demás mortales, deberían ponerse esencialmente en relación con su dedicación y la importancia de su cargo, de modo que, a más dedicación y más importancia más parné, y menos a medida que una y otra disminuyen.
Sin embargo, y como todo el mundo sabe, las cosas no funcionan en España de ese modo, sino que, muy por el contrario, se dan en nuestro país desconcertantes paradojas: por ejemplo, que el presidente de la Generalitat de Cataluña gane el doble que el presidente del Gobierno y que muchos alcaldes de pequeños municipios se metan cada mes en el bolsillo tanto o más que los de algunos que los multiplican varias veces en tamaño y población.
En realidad rige en nuestra democracia una forma peculiar de marxismo salarial, que no es, desde luego, el de Karl Marx (a cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad), sino el que practicaron, en su camarote celebérrimo, los hermanos que comparten apellido con el gran filósofo alemán.
Aquí, todo el que se dedica a la política cree que entrar en ella es como hacerlo a bulto en una algarabía donde cada uno (o cada institución) puede ponerse a su gusto la paguiña que le plazca. Y es que muchos políticos creen sobre su oficio lo que Groucho Marx sobre la posibilidad de hacerse la manicura en su multitudinario camarote: que no debe uno privarse de ninguna comodidad. Y, por si ello no fuera suficiente, siempre cabe tirar por la calle de en medio y llevarse, además, dos huevos duros. O veintidós. O veintidós? millones.