La presidenta del PP catalán se entrevistó con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, una cita que fue controlada por detectives, contratados por el PSC, según informaron dos periódicos
11 feb 2013 . Actualizado a las 21:52 h.El PP aprovechó este lunes un turbio caso de supuesto espionaje político que afecta a Alicia Sánchez-Camacho para cargar con dureza contra el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidió explicaciones al secretario general socialista después de que dos diarios publicaran que el PSC contrató a detectives para grabar una reunión que mantuvieron en 2010 la presidenta del PPC y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola en un restaurante de Barcelona.
«Lo que espero aquí, puesto que esa paternidad del encargo de la escucha ilegal se le atribuye al partido socialista, que el señor Rubalcaba dé explicaciones en su condición de secretario general del PSOE y de ministro del Interior» cuando se produjo la entrevista, señaló Cospedal.
En la cita, confirmada por la propia Sánchez-Camacho, María Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol jr., detalló a la dirigente popular todo lo que denunció posteriormente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Entre otras cosas, los viajes que hacía el primogénito de Jordi Pujol a Andorra cargado de grandes cantidades de billetes de 500 euros que escondía en el maletero de su coche, los negocios de Pujol Ferrusola en México, sus inversiones en Argentina, las cuentas en el extranjero o que la maltrató. El Periódico de Catalunya informó que la reunión se celebró a instancias de Jorge Moragas, actual jefe de gabinete del presidente del Gobierno y, según parece, amigo y compañero de estudios en un colegio barcelonés de Álvarez , quien perteneció a Nuevas Generaciones.
Sánchez-Camacho y Álvarez se vieron dos veces: la primera en la sede del PPC y la segunda, en el restaurante.
Según El Mundo, el PSC encargó a la agencia de detectives Método 3 que grabara la conversación que las dos mujeres mantuvieron en julio de 2010 en el establecimiento La Camarga. El espionaje, que dio como resultado una cinta de unas dos horas de charla entre ambas mujeres, se llevó a cabo a través de un micrófono que estaba oculto bajo la mesa del restaurante.
Tormenta política
El asunto provocó este lunes una gran tormenta política en Cataluña, más aún después del goteo de investigaciones destapadas en los últimos tiempos, como el caso Palau, Pretoria, Mercurio, Lloret o ITV, que salpican a dos de los principales partidos catalanes, CiU y el PSC, y que han puesto la corrupción como uno de los temas centrales del inicio de legislatura.
Sánchez-Camacho avanzó que denunciará ante la Justicia las supuestas «escuchas ilegales». «Si ha existido espionaje político sería muy preocupante. Los periódicos hablan de un partido, yo espero que no sea así. Llevaremos ante la justicia a la empresa que realizó las escuchas y a quien la haya encargado», dijo. El PSC negó que ordenase grabar la conversación y pidió a los diarios una rectificación porque de lo contrario emprenderá medidas legales. «El PSC nunca ha utilizado, ni utiliza, ni utilizará métodos ilegales para hacer política», señaló el portavoz de los socialistas catalanes, Jaume Collboni. El PSOE se remitió al desmentido de sus compañeros. «El PSC lo ha negado clarísimamente», expresó Elena Valenciano.
Sin embargo, a pesar de los desmentidos y de los propósitos de acudir a la Justicia, ERC, ICV y Ciutadans acusaron al PSC, PPC y CiU de connivencia para tapar la corrupción en Cataluña. Esquerra, de hecho, reclamó a la Fiscalía que investigue de oficio si el PPC y el PSC han ocultado durante casi tres años indicios de corrupción o de un delito fiscal presuntamente cometido por Jordi Pujol Ferrusola.
La presidenta del PPC lo negó y replicó que «si alguien me informa de que conoce un delito, es esta persona quien lo tiene que denunciar».
«No se pueden hacer denuncias por terceros», señaló. Cospedal le dio todo su apoyo y defendió que la presidenta del PPC ha obrado con «plena diligencia» en este asunto.
Ciutadans fue aún más lejos y apuntó que frenar el control y las alertas públicas sobre la corrupción a cambio de pactos políticos (el de CiU y el PP en la anterior legislatura) también es corrupción, practicada con métodos «mafiosos».