El PSOE lo ve «muy lejano» por diferencias sobre las diputaciones y la supresión de ediles, pero el PP destaca que hay consenso en temas clave
03 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno tiene previsto aprobar la primera reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de la democracia este mes, probablemente en el Consejo de Ministros del día 18. No quiere esperar más para llevar a cabo una de sus principales promesas electorales. Por ello está dispuesto a hacerlo por decreto-ley si finalmente no cierra un pacto con los socialistas, aunque luego se tramitaría como proyecto de ley para que se pudieran introducir enmiendas.
El acuerdo entre el PP y el PSOE para impulsar la reforma de la Administración Local no está cerrado. Ni mucho menos. Según advirtió ayer el secretario de ciudades y política municipal de los socialistas, Gaspar Zarrías, «está hoy muy lejano», aunque dejó clara la voluntad de su partido por alcanzarlo. En la dirección popular se mostraban más optimistas, por el alto grado de coincidencia que hay en los temas clave.
Existe consenso en la necesidad de clarificar las competencias en el ámbito local para evitar duplicidades y redefinir los servicios que deben ofrecer los Ayuntamientos y los que corresponden a otros órganos de gobierno de carácter local, autonómico y estatal. Según el Ejecutivo, esto supondría un ahorro de unos 3.500 millones de euros. También lo alcanzaron sobre la necesidad de racionalizar los sueldos de los alcaldes para que no superen los 67.055 euros que cobran los secretarios de Estado. Actualmente hay 14 regidores que sobrepasan esa cifra, con el de Barcelona, Xavier Trías, a la cabeza (109.939).
Pero donde el desacuerdo persiste es en el papel que deben jugar las diputaciones. El Gobierno quiere que los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan unos requisitos mínimos de calidad cedan a las diputaciones la prestación de servicios básicos como el suministro del agua, la recogida de basura y los transportes. Según el PP, existiría un principio de acuerdo con los socialistas. Pero Zarrías precisó que las discrepancias sobre las diputaciones se mantiene y denunció que detrás de ese planteamiento «está el intento de privatizar servicios que en estos momentos se prestan por parte de las Administraciones».
También está por decidir el futuro de las 1.032 mancomunidades, encargadas de ofrecer servicios a varios Ayuntamientos. El Gobierno quiere eliminar muchas de ellas. Los socialistas no se niegan, pero no sin antes hacer una evaluación una a una de su funcionamiento. Esto no supondría un obstáculo pues el Ejecutivo también está dispuesto a mantener las que funcionen. Por su parte, el PSOE andaluz advierte de que no consentirá que se supriman.
Otro punto de fricción es la propuesta gubernamental de reducir el número de concejales. En principio el Ejecutivo pretendía la eliminación del 30 %, pero ahora accede a que esta sea menor. Los socialistas argumentan que el 85 % de ellos no cobran y que su supresión no solo no significa ahorro, sino que «resta democracia y pluralidad», según Zarrías. Este señaló que cuando el pacto parecía al alcance, después de semanas de diálogo constructivo, el Gobierno puso de nuevo sobre la mesa cuestiones ya discutidas, como la medición de los controles de calidad de los servicios locales para determinar si las competencias se traspasan a las diputaciones, lo que hizo, lamenta, que «estemos como en marzo».