La Fiscalía de Ourense desecha los argumentos de Jácome contra su imputación y pide que sea juzgado

El juez que investigaba a Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, por compatibilizar su sueldo público con sus actividades privadas sin pedir permiso del pleno cerró la instrucción del caso imputando al regidor un delito continuado de prevaricación. Jácome presentó un recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados y la Fiscalía ha respondido con un escrito en el que se opone a esa pretensión. El fiscal pide que se confirme su imputación y que sea juzgado por ello.

Según dice, «ha estado cobrando el sueldo de alcalde bajo el régimen dedicación exclusiva, cuando lo cierto es que realizaba actividades privadas que le generaban importantes beneficios, absolutamente incompatibles con su sueldo público». La Fiscalía se remite a la documentación que figura en el sumario y destaca los beneficios que Jácome recibe a través de su tienda de instrumentos musicales y, sobre todo, de su televisión local, Auria TV: «Vemos en primer lugar que el investigado realizaba declaraciones de IVA, como consecuencia de su actividad empresarial, tenía ingresos juegos (sic) por dos actividades económicas además de su rendimiento de trabajo, alcanzando estas dos actividades unos ingresos brutos de 162.000 euros anuales que duplicaban sus ingresos por rendimiento de trabajo».

En el recurso que presentó contra su imputación, Jácome argumentaba que, en realidad, él no realiza ninguna actividad en Auria TV, pero el fiscal concluye que esa alegación «no es creíble, con ese nivel de ingresos». El alcalde se agarra a un informe elaborado en el año 2019 por el entonces jefe de la asesoría jurídica del Concello, Juan Ramón Costas, que recientemente fue designado por el regidor como city manager (coordinador general). Sin embargo, la Fiscalía se suma a los «propios y acertados fundamentos» del juez instructor, que concluyó que ese documento estaba hecho «al gusto del señor alcalde» y que carecía «del más mínimo rigor y de la más mínima profesionalidad».

Este punto es clave para probar la comisión de un delito de prevaricación. El fiscal cree que Jácome «sabía perfectamente» que debía solicitar el permiso del pleno para compatibilizar sus ingresos públicos con sus actividades privadas. Recuerda que así se lo habían advertido tanto la propia Fiscalía como el Tribunal de Cuentas y subraya que en el año 2021 el pleno aprobó por mayoría un acuerdo que exigía a Jácome la devolución de sus salarios como alcalde por ese mismo motivo. Sin embargo, nunca llegó a solicitar la compatibilidad «porque sabía que se le iban a denegar», dice el escrito.

Acusación particular

Frente a la imputación de Jácome por prevaricación se presentaron dos recursos, el del alcalde y el de la acusación particular y ambos deberán ser resueltos por la Audiencia Provincial. Telmo Ucha, el exconcejal de Democracia Ourensana que presentó la querella que dio origen a este caso, pide que el regidor sea juzgado también por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. El fiscal no respalda esa pretensión y solicita que Jácome sea juzgado únicamente por prevaricación.

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