El Consejo del Poder Judicial pone reparos al reglamento de los centros de extranjeros

Argumenta que impone restricciones a los derechos de los inmigrantes


redacción / la voz

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un informe sobre el reglamento de funcionamiento de los centros de estancia controlada de extranjeros elaborado por el Ministerio del Interior, en el que advierte sobre ciertas medidas que pueden suponer una restricción de derechos de los inmigrantes. El borrador de esta reglamento reactivó en las últimas semanas los movimientos de protesta de colectivos y organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes, que denunciaron que el proyecto establece un «régimen carcelario» en los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), donde son retenidos como paso previo a su expulsión los extranjeros que se encuentran en España en situación irregular.

El informe emitido por el CGPJ, que es preceptivo pero no vinculante, considera positiva y necesaria esta nueva regulación, pero plantea ciertas «observaciones dirigidas fundamentalmente a incrementar las garantías de los internos», sobre todo en lo que se refiere a los registros corporales -cacheos- y a la intervención de las comunicaciones.

Según los firmantes del informe, la posibilidad que sean sometidos a registros «afecta y limita determinados aspectos esenciales del ejercicio de los derechos de los internos, más allá del derecho deambulatorio que recoge la ley orgánica de derechos de los extranjeros».

Precisa el texto que «este eventual exceso normativo se incrementa cuando también se establece en el mismo precepto que estos registros necesitarán la autorización previa del director del centro, salvo que concurran razones urgentes, en cuyo caso se practicará por los funcionarios actuantes, comunicándolo de forma inmediata al director». Considera el Consejo de una medida como esta debería adoptarse con el debido control judicial.

Asesoramiento legal

También cuestionan las limitaciones a las comunicaciones con abogado y representantes consulares y diplomáticos del país del interno porque afectan al derecho de defensa, así como la regulación de las visitas de familiares y las comunicaciones telefónicas.

En este mismo pleno, el Consejo acordó pedir una prórroga para emitir el informe sobre el proyecto de reforma del Código Penal. Un borrador elaborado bajo la dirección de la vocal Margarita Robles, que está en fase de estudios por la comisión de informes, considera que pueden ser inconstitucionales algunas de las aspectos más novedosos del anteproyecto de reforma.

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