La reforma Gallardón aboca la Justicia a la penuria, dice Moliner

Advierte de que los recortes tendrán efectos perniciosos para la tutela judicial


redacción / la voz

«El próximo futuro no es en absoluto prometedor, dado que ni se prevén incrementos de plantilla ni las posibilidades tradicionales de refuerzo, lo que aboca a una situación de penuria y de consiguiente déficit de la actividad jurisdiccional con efectos perniciosos para la tutela judicial efectiva». Esta fue la advertencia lanzada ayer por Gonzalo Moliner en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, en calidad de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para presentar la memoria anual del órgano de gobierno de los jueces correspondiente al año pasado.

En las conclusiones de su intervención, Moliner atribuyó al caso Dívar el desgaste en la imagen del CGPJ. «Si de cara al exterior se ha producido un deterioro reciente de su imagen ha sido debido a problemas internos que se han traducido al exterior sin explicaciones válidas y con opiniones discrepantes en los medios, fundamentalmente en relación con los acontecimientos que llevaron en junio pasado al cese de mi antecesor», dijo. Reconoció que el número de los asuntos que tienen que resolver los órganos judiciales «excede de sus posibilidades, por mucho que dediquen a ello sus esfuerzos, y me consta que la inmensa mayoría de los integrantes de dichos órganos alcanzan un nivel óptimo de dedicación».

Según Gonzalo Moliner, la solución a los problemas de la Administración de Justicia no pasa solo por crear más órganos judiciales, aunque reconoce que también son necesarios, sino por un cambio en la la forma de abordarlos. «Un problema importante -precisó- viene constituido por la defectuosa organización y distribución de la planta judicial».

Paralelamente y ante el comienzo del debate en el Congreso de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previsto para hoy, la comisión interasociativa de jueces y fiscales hizo pública ayer una carta abierta al presidente del Gobierno en la que instan al Ejecutivo en pleno y a su presidente a que asuman un compromiso real en defensa de la administración de Justicia para que esta pueda cumplir las funciones constitucionales que tiene asignadas. Ante la falta de respuesta del ministerio a sus requerimientos, piden a los grupos parlamentarios el voto negativo o la abstención en las votaciones y anuncian una batería de recursos.

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