Dimite el número dos del PSC, implicado en un caso de corrupción

Cristian Reino / Ander Azpiroz BARCELONA, MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Imputan a los alcaldes de Sabadell y Moncada por una red de cobro de comisiones

28 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

A los malos resultados electorales recientes al PSC se le sumaron ayer graves problemas de orden interno. Daniel Fernández, uno de sus hombres fuertes, presentó ayer su dimisión, renuncia que fue aceptada por el primer secretario del partido, Pere Navarro, hasta que se esclarezca si su mano derecha está relacionado con una trama corrupta. Junto a él también se ha implicado al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, uno de los veteranos de la formación.

Los Mossos d?Esquadra irrumpieron ayer en la sede del Ayuntamiento de esta ciudad barcelonesa para recabar datos sobre el presunto pago de comisiones por parte de constructores a altos cargos del consistorio para obtener la adjudicación de obras públicas. En el marco de la operación Mercurio, en la que se realizaron 41 registros y participaron 300 agentes, se llevaron a cabo doce detenciones, ocho de ellas a empresarios del sector del ladrillo. Además, hay 26 personas investigadas o imputadas a las que se les vincula con los delitos de tráfico de influencias, soborno y prevaricación. El juez encargado del caso estudia la documentación intervenida en el despacho de la teniente de alcalde de Sabadell y también diputada, Montserrat Capdevilla, de cara a su posible imputación. Entre los encausados figura además la regidora socialista de Moncada y Reixach, María Elena Pérez.

Próximos a Pere Navarro

Daniel Fernández se había erigido en una de las principales figuras dentro del PSC gracias a su cercanía con Pere Navarro. Tras conocer la noticia, avanzó que renunciaría al cargo en el partido si se confirmaba su imputación. La condición de diputado nacional de Fernández impide que pueda ser formalmente imputado, situación procesal que solo podrá decidir el Tribunal Supremo si le es elevada por el instructor una exposición razonada con indicios delictivos contra el parlamentario. Sin embargo, Fernández ha preferido no esperar a que se produzca esa posibilidad y decidió dar el paso y renunciar a sus funciones en el partido. «Estoy muy tranquilo, no he cometido ningún delito», aseguró aun así el número dos de los socialistas.

Bustos, que sí ha sido imputado, lleva trece años al frente del consistorio de Sabadell, uno de los principales reductos de poder que mantienen los socialistas catalanes. El regidor es al igual que Fernández uno de los dirigentes más afines a Navarro. Su hermano fue jefe de la Policía Local y ejerció diferentes cargos en el consistorio, igual que su tío, Melquíades Garrido, constructor de profesión que fue el responsable de la empresa municipal de vivienda y ahora es el presidente del gremio de constructores de la comarca del Vallés. Garrido está entre los doce detenidos en la operación, como lo está también el exconcejal del PP en Sabadell Jordi Soriano, que en el pasado protagonizó algunos episodios de voto tránsfuga en favor de Bustos.

«Mi gestión es absolutamente transparente y noble, y confío en que todo el mundo ha actuado dentro de la ley. Pero si se demuestra que alguno de mis colaboradores no lo ha hecho, que caiga todo el peso de la ley sobre él, por muy familiar mío que sea», señaló Bustos tras conocer su imputación. El alcalde proclamó su inocencia y afirmó, al contrario que Daniel Fernández, que no piensa renunciar a su cargo, porque «un inocente no ha de dimitir de sus responsabilidades, las ha de afrontar». Lo que sí aparca, de momento, son sus responsabilidades orgánicas dentro del PSC.

Dos años de investigación. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción parte de una denuncia interpuesta en el 2010 por el grupo de Iniciativa en Sabadell contra un concejal del PP.

Trama corrupta. La Fiscalía investiga el presunto pago de comisiones por parte de constructores a altos cargos por la adjudicación de obras públicas.

Doce detenidos. Hasta ahora se han practicado 41 registros y doce detenciones, ocho de ellas relacionadas con empresarios de la construcción. Además hay 26 personas imputadas.