El juez echó ayer leña al fuego del enfrentamiento en el seno del PP madrileño, por mucho que el presidente de la comunidad, Ignacio González, intentara aparentar una quimérica normalidad al calificar de serial las informaciones sobre las tensiones con la alcaldesa de Madrid, que, dijo, «no tiene nada que ver con la realidad». Pero acto seguido hincó un poco más el puyazo. «Es absolutamente indispensable» que se agilice al máximo la investigación sobre la tragedia del Madrid Arena y «se profundice hasta el final en esta cuestión», porque es necesario «exigir todas las responsabilidades cuanto antes». Eso era solo unas horas antes de la imputación de Pedro Calvo y su posterior dimisión. Se trata de la primera víctima política de la tragedia y deja a Ana Botella en una situación complicada, porque el ayuntamiento ya no puede escurrir el bulto y tratar de eludir su parte de culpa en lo sucedido.
Esta dura pugna entre González y Botella, heredada de la que han mantenido durante años Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón, amenaza con incendiar el PP de Madrid en un momento en que el Gobierno ya está suficientemente atareado con apagar los fuegos de la crisis y de la amenaza independentista de CiU en Cataluña. Por eso, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso, advirtió ayer que «el Ayuntamiento y la Comunidad lo que tienen que hacer ahora es gobernar y estar centrados en eso». Un aviso en toda regla procedente de alguien próximo a Mariano Rajoy y a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Este toque de atención es un reconocimiento implícito del enfrentamiento y una forma de desdecir a Dolores de Cospedal, quien el lunes había tratado de negar la evidencia argumentando que no hay discrepancias sobre las políticas, después de que la alcaldesa firmara un manifiesto de los trabajadores que se ponen a la transformación del hospital de La Princesa decidido por el Gobierno regional. Pero lo cierto es que el presidente de la Comunidad de Madrid insistió ayer en que Ana Botella no tenía toda la información cuando suscribió el documento, pese a que la alcaldía había dicho justo lo contrario. El PSOE lo calificó como «el segundo sainete de Rinconete y Cortadillo», los personajes de Miguel de Cervantes.