El «mercado» judicial del otoño

El ministro «compró» la propuesta de UPyD para incluir en el Código Penal la exigencia de responsabilidades penales a partidos y sindicatos

Rosa Díez felicita a Gallardón tras aceptar su propuesta el pasado miércoles en el Congreso.
Rosa Díez felicita a Gallardón tras aceptar su propuesta el pasado miércoles en el Congreso.

Redacción / La Voz

El pasado miércoles, solo un día después de que la reunión de las asociaciones de jueces y fiscales hiciese público su calendario de movilizaciones para conminar a Alberto Ruiz-Gallardón a negociar su programa de reformas, el hiperactivo ministro comparecía en el Congreso de los Diputados. El principal punto en el orden del día era sacar adelante, por la vía de urgencia, el polémico incremento de las tasas judiciales que tiene soliviantados a los abogados, y que el Gobierno de Rajoy estima que servirá para financiar el 10 % del coste de la Justicia española. La oposición en pleno abandonó la sala antes de la votación. Se trataba de mostrar el rechazo a la aprobación de un peaje judicial más que discutible, sobre el que además se le hurtó el debate al pleno de la Cámara.

Antes de la espantada de la oposición, y en respuesta a una iniciativa de la portavoz de UPyD, que proponía hacer extensiva la responsabilidad penal a partidos políticos y sindicatos, expresamente excluidos en la reforma del Código Penal del 2010 que por primera vez la regulaba para las personas jurídicas, el ministro, sin titubeos, le respondió inmediatamente y de modo muy gráfico: «Se lo compro».

Candidatos imputados

Rosa Díez trató de aprovechar este primer mercado judicial del otoño para venderle también la exclusión, por ley, de las listas de los candidatos imputados en procesos judiciales, pero esta ya no le coló. ¿Por qué una sí prosperó y la otra no? La discriminación no es caprichosa ni gratuita.

Hacer extensible a partidos y sindicatos las responsabilidades penales que ya son exigibles a todas las demás personas jurídicas, salvo al Estado, a las Administraciones públicas y organismos afines, nunca será mal visto por un amplio sector de la ciudadanía, por la mayoría, especialmente en estos momentos de crisis económica en que los privilegios de políticos y sindicalistas cantan más que en situaciones de normalidad.

Ética política

Dejar fuera de las listas electorales a meros imputados, e incluso a procesados, sin que medie una sentencia condenatoria firme, ya es harina de otro costal. Es más bien una cuestión de ética política. De entrada, chocaría frontalmente con el principio constitucional de presunción de inocencia.

Que la iniciativa de Rosa Díez acabe o no en la nueva versión corregida y aumentada del Código Penal que está pergeñando el ex alcalde de Madrid y que, al paso que va, puede acabar resultando enciclopédico, está por todavía por ver.

Habilidad mediática

Lo que ya nadie le podrá cuestionar al ministro es su extraordinaria habilidad para acaparar titulares y para desviar la atención sobre los temas más impopulares en el candelero. Al día siguiente de su comparecencia parlamentaria la noticia era que Gallardón iba a acabar con los privilegios judiciales de partidos y sindicatos. Eso es lo que venía a decir la información que puntualmente hizo llegar su gabinete a los medios. Del debate sobre las tasas, ni una línea.

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