La reforma de las Administraciones públicas, el fin de las duplicidades, la supresión de empresas públicas, el fin de las embajadas autonómicas. Se trata de conceptos que llevamos escuchándole a este Gobierno desde antes incluso de que se celebraran las elecciones. Reformas que figuraban entre sus máximas prioridades junto a la del mercado laboral o la del sistema financiero. Y, sin embargo, mientras el Ejecutivo se ha volcado en estas últimas, con la aprobación de normativas que incluso han sido ya ampliadas y modificadas, la reforma de la Administración no pasa todavía de mero proyecto en el que todavía no se ha concretado nada. Y que, desde ayer, pasa a depender, paradójicamente, del trabajo de una comisión subdividida en cuatro subcomisiones. Una figura esta, la de la subcomisión, que constituye el paradigma en el que se entierra algo sobre lo que no se quiere avanzar políticamente. Bien por falta de interés o por imposibilidad de llegar al consenso necesario.
Pese a las reiteradas advertencias sobre la urgencia de un adelgazamiento profundo de la Administración, el Gobierno se ha encontrado con resistencias en todos los niveles a la hora de abordarla. Primero fue la resistencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la fusión de pequeños ayuntamientos, que de momento ha dado al traste con la exigida «racionalización» del número de municipios. Un objetivo que está igualmente pendiente de otro estudio sobre el grado de eficacia de cada ayuntamiento en la prestación de servicios y que, en todo caso, no acabará con las diputaciones. Luego, el propio Gobierno ha tenido que reconocer que las autonomías están haciendo caso omiso, a pesar de su crítica situación económica, de la exigencia de reducir de manera drástica el número de organismos y empresas públicos. Ni siquiera la mayoría de las embajadas autonómicas han sido cerradas por el momento.
Por último, aunque las autonomías acabaron aceptando en la conferencia de presidentes la necesidad de acabar con las duplicidades, Cataluña y País Vasco ya anuncian su rechazo por el temor a un recorte de competencias. En esas condiciones, fijar la aprobación definitiva de la auditoría del Estado en junio del 2013 resulta incluso optimista.