Hay una cierta tendencia en los políticos a esconder el polvo debajo de la alfombra para que la foto salga bonita. Pero ocultar los problemas no los resuelve. Al contrario, hace que se enquisten y reaparezcan en el momento más inoportuno. Los presidentes autonómicos y el del Gobierno se felicitaron por la firma de un documento en el que todos se comprometen a cumplir el objetivo del déficit. Que tal declaración se considere un éxito demuestra lo bajas que estaban las expectativas. Nadie va a anunciar públicamente el incumplimiento del objetivo. Sería una irresponsabilidad que condenaría en primer lugar a su propia comunidad. Pero la aparente unanimidad en el compromiso, con la que se pretende calmar a los mercados (como si fueran ciegos y tontos), no logra esconder las discrepancias en el reparto del déficit. Evidentes hasta en gobiernos del PP y a las que Artur Mas se encargará hoy de ponerles altavoz. Al aceptar la revisión de la distribución del déficit, el Gobierno acepta implícitamente que es injusta. Y lo es porque hace recaer el grueso del ajuste sobre las comunidades, pese a que estas cargan con los pilares del Estado de bienestar (dos tercios de sus gastos son en sanidad, educación y dependencia), por lo que cada euro que se recorta lo sufren directamente los ciudadanos. Aplazar la revisión un año solo avivará el victimismo. El resto de los problemas de las autonomías ni se trataron o se pasó de puntillas sobre ellos. Tal es el nivel de desencuentro y la ineficacia de la reunión. Lo demás, simples espejismos.