Ignacio Picatoste es el presidente de la sección territorial de Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el seno de la carrera judicial.
-¿Qué les ha llevado a respaldar las reivindicaciones de la comisión interasociativa?
-Nuestro total rechazo a unos proyectos de ley elaborados por el Ministerio de Justicia con los que se pretende establecer un sistema que agrava notablemente las condiciones de trabajo en los juzgados y desnaturalizar la composición y funciones del Consejo del Poder Judicial.
-¿Cuál es el origen concreto del malestar de los jueces y fiscales?
-Radica en la no realización de ningún tipo de reforma destinada a paliar la paralización estructural que existe en la dotación de los medios materiales y en el aumento de las plantillas de jueces y magistrados. La puesta en marcha de la nueva oficina judicial y la creación de los juzgados de instancia están paralizados. Todo ello hace que las necesidades del servicio se estén cubriendo con un sobreesfuerzo tremendo.
-¿Y la cuestión económica?
No está en el primer plano de nuestras reivindicaciones. El verdadero núcleo son las condiciones de trabajo y las modificaciones que se avecinan, que son manifiestamente preocupantes. Por otra parte, somos conscientes del momento económico que vive el país.
-¿Están realmente dispuestos a llevar las medidas de presión hasta las últimas consecuencias?
-Si la situación actual no da un giro rápido, nada se puede considerar descartable.
-¿Incluida la huelga?
-No nos la planteamos... de momento, pero nada se puede descartar si no se abren vías de diálogo y no se registra un claro avance en las negociaciones en los próximos meses.