La vida se complica en España para los políticos profesionales. Las incompatibilidades han ido en aumento, las exigencias se multiplican y los supuestos beneficios menguan. Esa es la tendencia. Y el populismo avanza.
Por si fuera poco, ahora aparece la agresividad popular. El número dos de una autonomía confiesa que ha decidido comprarse una bicicleta estática porque sus caminatas deportivas por la calle son interrumpidas ahora por insultos de algunos ciudadanos. Y hay altos cargos que han viajado al extranjero en sus vacaciones pero casi clandestinamente para no ser acusados de falta de apoyo al «turismo patriótico», o sea, quedarse en casa, como reclamó el ministro Soria en un país, por cierto, que recibirá este año 55 millones de visitantes.
Y, sobre todo, cuidado con las declaraciones. El diputado ourensano que dijo que con sus 5.100 euros mensuales «las pasaba canutas» fue linchado mediáticamente. Cometió una imprudencia pero se le olvidó recalcar que él venia de un sueldo superior y recortó su nivel de vida para entrar en el servicio público. Por esa razón, la presidenta de una multinacional que había aceptado ser ministra de Zapatero declinó la invitación horas después al conocer su nómina. El presidente del Gobierno es retribuido como el director de la sucursal bancaria, si se cuentan sus incentivos, y de ahí para abajo. «Cobro menos que algunos asesores míos», admite la ministra Ana Pastor. Eso no impide que el sueldo de Rajoy sea inferior al del lendakari, el presidente de la Generalitat o el de las Cortes. «Cobraba más -confesó el exministro Celestino Corbacho- como presidente de la Diputación de Barcelona y alcalde de Hospitalet». La incoherencia, como se ve, se deja sentir en las retribuciones. Y ahora llega la propuesta de la señora De Cospedal de retirar el sueldo, salvo dietas y viajes, a los diputados de Castilla-La Mancha.
El factor económico no lo explica todo y es cierto que los sueldos de los políticos suponen para algunos un salario que quizás no alcanzarían en el sector privado, pero con este populismo barato a la política no llegarán los mejores. Perdemos razón al quejarnos del bajo nivel profesional imperante.
Entretanto, en Cataluña, la tensión antes del 11 de septiembre, fiesta nacional, crece. Será una manifestación masiva y algunos temen que radical, porque los convocantes han tenido la habilidad de que confluya en la marcha el sentimiento independentista de unos y el descontento social creciente. «Mi mujer quiere ir a desahogarse allí y de nacionalista tiene muy poco», confiesa un cargo medio de la Generalitat. Él no asistirá, ni tampoco Mas, aunque sí la mayoría de su Gobierno. Si hubiera disturbios, la imagen del jefe del Ejecutivo catalán quedaría dañada en el exterior. El presidente del Barcelona, Sandro Rosell, la segunda institución realmente influyente en el país, sino la primera, tampoco asistirá. Rosell es un ciudadano del mundo, aunque catalanista, y protege así una marca que es una referencia global.
Pero el 11 de septiembre se mezclará todo: sentimiento nacionalista, malestar social y reclamación de dinero para tapar agujeros de una mala administración. «En 1990, Cataluña ya tenía déficit -apunta el expresidente Montilla- así que lo de echar la culpa al tripartito no se sostiene. El problema viene de aceptar transferencias sin dotación». El alcalde de Barcelona, el convergente Xavier Trias, se sincera así: «Estamos en un proceso que ni yo, que estoy dentro, sé donde puede terminar». Final incierto pero alto riesgo. Ser político es cada día más difícil en España. Incluso ser ciudadano, porque el populismo creciente degradará todo.
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