El etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga sigue en prisión, a la espera de lo que decida el juez, pero el tercer grado que le ha concedido ya Instituciones Penitenciarias se ha convertido en un quebradero de cabeza para Interior. Hasta el punto de que el ministro Jorge Fernández Díaz se sintió obligado ayer a decir que «al Gobierno le duele mucho tener que aplicar la ley» porque el recluso «ni se ha arrepentido ni ha pedido perdón» por sus delitos, entre ellos un atentado en el que murieron tres guardias y dos secuestros, incluido el de Ortega Lara. Pero si no hubiera aprobado la progresión de grado «se habría incurrido en prevaricación», declaró.
El ministro respondía así a las críticas que le llegan desde las asociaciones de víctimas y de su propio partido, a los que llegó a recordar que el Gobierno de Aznar liberó a 18 etarras enfermos. El último reproche le vino de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien señaló: «Aunque el Gobierno ha obrado dentro de la ley, yo no lo hubiera hecho, porque una cosa es que se pueda dar el tercer grado a un penado de estas características y otra es que se deba».
Las víctimas han decidido pasar de las palabras a los hechos. Siete de ellas han comunicado ya su intención de iniciar una huelga de hambre ante la sede del Ministerio del Interior en el momento en que Uribetxebarria Bolinaga salga de prisión. Y el colectivo AVT ha convocado lo que denomina «marchas por la justicia» ante las cárceles.