Rajoy aplica el programa político del PP, pero duda en el económico

ramón gorriarán MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Montoro y De Guindos dejan ver la descoordinación del Gobierno ante la crisis

29 ene 2012 . Actualizado a las 06:01 h.

Apenas superado el primer mes de gestión, el Gobierno ha dado muestras de que su actividad se desarrolla entre luces y sombras. Sus intenciones políticas se han ajustado casi como un guante al programa electoral con el que el PP ganó las elecciones generales. No puede decir lo mismo en el ámbito económico, donde en solo cuatro semanas han aflorado las contradicciones entre los ministros del ramo y el Ejecutivo ha adoptado drásticas decisiones muy alejadas del ideario popular.

Mariano Rajoy ha tenido un estreno fácil en lo que a ausencia de la oposición se refiere, no así en el terreno de la toma de decisiones porque el aumento de impuestos es siempre un trago difícil para cualquier gobernante. La tarea opositora del PSOE no existe, apenas alguna queja por «las mentiras», medio centenar de preguntas parlamentarias y, sobre todo, un «ya lo decíamos nosotros» en relación a la subida de la presión fiscal. Los socialistas andan enredados en su debate precongresual y casi se puede decir que solo tienen ojos y oídos para el duelo entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón.

Pero la cruda realidad de las cifras trastocó sus planes, al menos ese es el argumento utilizado por Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros del área económica. Un planteamiento mentiroso, a juicio de los socialistas, porque lo que ha hecho el pontevedrés no es más que sacar del cajón su «programa oculto», que desde antes de las elecciones incluía las subidas de impuestos y unos drásticos ajustes del gasto que «escondió» durante la campaña.

Lo que había sido un traspaso de poderes «ejemplar», en palabras de la vicepresidenta, no fue tal a la luz de los hechos. La ejemplaridad se quedó en cordialidad y con acusaciones a los anteriores gobernantes de haber proporcionado una información incompleta que impidió hacer un diagnóstico correcto. Asimismo, el compromiso asumido por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura de no justificar la crudeza de las medidas a tomar por la herencia recibida enseguida se ha convertido en papel mojado.

En pie de igualdad

Con todo, lo más notorio han sido las contradicciones entre el equipo económico, que han dejado una imagen de descoordinación inquietante. La decisión de Rajoy de no designar un vicepresidente económico y situar en pie de igualdad a Montoro y De Guindos, quienes, por cierto, se profesan una antipatía mutua, ha alimentado la sensación de desbarajuste por las diferentes posturas que mantienen ambos en asuntos de alto calado y ante las que Sáenz de Santamaría ha tenido que apagar algún fuego. Una falta de sintonía que se explica en buena medida por el hecho de que el ministro de Hacienda es un hombre de partido, fue portavoz de economía del PP en la pasada legislatura, y no olvida que en Andalucía se celebran elecciones. Unas circunstancias que motivan ciertos ejercicios de cintura política por parte de Montoro que no están al alcance de De Guindos, un experto con gran cartel en el mundo de las finanzas mundiales, no en vano fue presidente del banco de inversión Lehman Brothers en España, y un valedor de la ortodoxia del ajuste.

En el ámbito político, en cambio, el Gobierno de Rajoy avanza con paso firme. Capitaneados por la vicepresidenta, los ministros políticos exhiben un discurso sin fisuras. Sáenz de Santamaría desgranó el pasado martes en el Congreso los proyectos gubernamentales de «regeneración democrática» con un notable vuelco en el modelo institucional, léase la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y, al día siguiente y en el mismo marco, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, corroboró punto por punto sus propuestas. Una coordinación sencilla porque se trata de aplicar el programa electoral del PP, y Sáenz de Santamaría lo hace a rajatabla. La reforma de la ley del aborto, instaurar la cadena perpetua revisable o la modificación de la ley del menor pasaron enseguida de ser promesas a compromisos gubernamentales.