Juristas y colectivos de todo el mundo muestran su apoyo al juez, que hoy afronta su segundo proceso, por investigar los crímenes del franquismo.
24 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Baltasar Garzón vuelve hoy al Tribunal Supremo como acusado, en esta ocasión por el proceso derivado de su empeño en declararse competente para investigar las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de miles de crímenes cometidos en España por la dictadura franquista, entre el año 1936 y 1975. Formalmente se le imputa un segundo delito continuado de prevaricación judicial, por el que le piden una pena de 20 años de inhabilitación profesional.
En el juicio de la semana pasada se tuvo que defender de tres acusaciones particulares por haber autorizado la intervención de las comunicaciones en prisión de tres presuntos capos de la corrupción con todos sus interlocutores, incluidos sus abogados, que consideraron la decisión del juez como un grave atentado contra el derecho de defensa. En el que comienza hoy, en el mismo escenario, pero con otro tribunal, solo tendrá que defenderse de los cargos formulados por el sindicato ultraderechista de funcionarios Manos Limpias y la Asociación Civil Libertad y Dignidad, de carácter xenófobo, que ejercen la acusación popular.
De su lado, además de su abogado y de la Fiscalía, que rechazó de plano la querella desde el primer momento, tendrá una representación de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, tres prestigiosas organizaciones internacionales que han enviado observadores. Consideran que la decisión del Supremo incidirá negativamente sobre otras causas abiertas por delitos de jurisdicción universal, de la que España fue pionera, precisamente a través del magistrado que ahora es juzgado.
Defensa de derechos humanos
«Es la primera vez que en la Unión Europea un juez es sometido a la justicia penal por defender derechos humanos y perseguir crímenes internacionales. Por eso, el mundo entero tiene los ojos puestos en este juicio y en las represalias que se están aplicando a Garzón», declaró ayer el consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch, Reed Brody. Por su parte, el exmagistrado del Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, José Antonio Martín Pallín, dijo: «He resuelto más de mil casos de competencia entre jueces. Ser competente o no, no es un delito».
Este segundo juicio, para el que están acreditados cerca de 300 informadores de todo el mundo, comenzará hoy con las cuestiones previas planteadas por su defensa. Si no prosperan -lo más probable-, la vista se reanudará el próximo martes con la declaración del acusado. La prueba testifical está prevista para las dos primeras semanas de febrero, y el día 13 concluiría el juicio tras la presentación de los informes.
Prevaricación
Las acusaciones populares solicitan para Baltasar Garzón 24 meses de multa y 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía pide la absolución.