España ha dado un salto cualitativo en investigación, pero el recorte presupuestario y sus déficits estructurales amenazan con frenar su avance
09 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Si hay algo en lo que coinciden políticos de uno y otro signo es en la apuesta por la ciencia y la innovación. Rara es la intervención en la que no apelen a la necesidad de pasar de la economía del ladrillo a la del conocimiento como motor para la generación de empleo y riqueza, solo que este ya manido discurso, convertido en eterna promesa, se quiebra ante la primera dificultad en forma de crisis económica. La inversión en I+D+i en España en el 2009, el último del que hasta ahora el INE ha facilitado datos, revela una reducción del gasto de un 0,8 % -un 10 % en Galicia-, un porcentaje pequeño pero significativo si se tiene en cuenta que es el primer descenso que se produce en el área desde hace 16 años. Con estos datos, el gasto de España en investigación se sitúa en el 1,38 % del PIB, muy por debajo de la media europea del 2 %. A ello hay que añadir que el presupuesto del Estado para este año se redujo en un 10 %, con lo que se ha situado en cifras similares a las del 2007.
«Los políticos ofrecen muchas palabras, pero pocos hechos», advierten varios científicos consultados por La Voz en una frase prácticamente calcada de unos a otros. Y recuerdan que países como Alemania o Estados Unidos, afectados también por la crisis, incrementaron sus presupuestos en ciencia e innovación.
¿Cuál es su miedo? Que la máquina se pare y que los logros alcanzados por la ciencia española en las últimas décadas se vean frenados. La realidad objetiva demuestra que España se ha convertido en la novena potencia mundial en producción científica, lo que ha sido auspiciado por el fuerte empuje en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, con incrementos anuales en la inversión en torno a un 25 %.
Pero, al margen de la financiación, el I+D+i en España presenta otros problemas de corte estructural que aún no han sido subsanados: un sistema demasiado encorsetado y burocratizado que en ocasiones oprime la excelencia investigadora; la falta de una masa crítica de investigadores unida a la incapacidad de España de retener, atraer y estabilizar a los jóvenes talentos, a los que se forma, pero que no se les garantiza una estabilidad, y, sobre todo, la escasa transferencia de la investigación básica a la aplicada, situación agravada por el déficit de la financiación privada a la I+D+i. Por un lado, los investigadores españoles publican mucho, pero el impacto de sus trabajos es aún muy bajo y no revierte en aplicaciones a la sociedad. Por otro, la empresa solo financia el 43 % del gasto en investigación cuando la media europea está por encima del 55 %.
Los deberes
Parte de estos déficits estructurales se pretenden solucionar con la Ley de Ciencia aprobada recientemente con la unanimidad de todos los partidos. Pero la normativa aún no ha sido desarrollada ni tampoco complace a toda la comunidad científica. Y tampoco hay fecha para la puesta en marcha de uno de sus instrumentos capitales, la Agencia Estatal de Innovación, que regulará la financiación y flexibilizará el sistema. Son deberes pendientes para el nuevo gobierno, aunque el principal será pasar de la eterna promesa a la firme realidad del I+D+i.
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