La legislatura se va a acabar con una reforma exprés de la Constitución con el objetivo de transmitir confianza a los mercados, patrocinada por la canciller alemana Angela Merkel. Una modificación que, según el Gobierno, no podía esperar, ante las nuevas turbulencias financieras que se prevén para este mes, y que, por tanto, no puede someterse a referendo.
Mientras, otra reforma que destacados constitucionalistas llevan tiempo considerando urgente e indispensable, como es la definición y el cierre del modelo territorial, sigue aplazada sine die. Se trataría de establecer claramente las competencias que corresponden al Estado y a las comunidades autónomas. Esto permitiría que no se esté reabriendo una y otra vez el debate sobre el reparto competencial, bajo la presión de los partidos nacionalistas, que llegó a su punto álgido cuando se reformó el Estatuto catalán. Y, además, se evitarían las actuales duplicidades que disparan el gasto público de forma innecesaria.
Los dos grandes partidos tampoco se han puesto de acuerdo para acometer los cambios que necesita el Senado, en la actualidad totalmente prescindible, para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial, como mandata la Carta Magna. Ni siquiera lo han hecho en algo tan obvio como cambiar la sangrante preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. Estas era dos de los cuatro cambios que propuso Rodríguez Zapatero cuando llegó al poder y que decayeron en la segunda legislatura ante la falta de consenso entre socialistas y populares. El acuerdo que ha venido impuesto desde fuera.