La dirección del PP guarda silencio, mientras el PSOE pide que deje la Generalitat
ESPAÑA
Los populares valencianos insisten en la inocencia de su jefe de filas y defienden que complete su mandato
16 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El procesamiento de Camps por un delito de cohecho impropio, más allá del resultado penal con el que se resuelva, generará consecuencias políticas de pronóstico incierto. La principal, que el juicio se celebrará en torno a noviembre, es decir, en plena campaña electoral si es que Zapatero adelanta los comicios.
Rajoy sabe que en el tramo final de su carrera hacia la Moncloa tendrá a uno de sus barones en el banquillo. Un arma que el PSOE usó ayer al exigir el cese de Camps. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, pidió al líder del PP que explique si mantiene su apoyo. «Estamos al principio del calvario judicial del señor Camps», pronosticó Antonio Hernando, responsable de Política Municipal del PSOE y codirector de la campaña electoral. Tras el sumario por los trajes, recordó, vendrá el del los contratos públicos, el de la visita papal o el de la financiación irregular del PP valenciano. Así, dijo a Rajoy que los socialistas están dispuestos a ofrecer «toda la colaboración» para sustituir a Camps al frente de la Generalitat por la persona que el PP crea conveniente, porque ganó las elecciones del 22-M.
El Gobierno, en cambio, optó por la cautela. Su portavoz, José Blanco, aseguró tras el Consejo de Ministros que su parecer tenía poca importancia. «Lo relevante es lo que opine Rajoy». Pero el líder del PP y los demás miembros de la dirección nacional guardan silencio. Solo hay una versión oficial: antes de pronunciarse, los servicios jurídicos del partido deben analizar el auto. En todo caso, Rajoy ha defendido públicamente en varias ocasiones que «eso de los trajes no me lo creo», porque «el señor Camps me lo ha negado». Los populares valencianos sí han salido a defender a Camps, insisten tanto en la «inocencia» de su jefe de filas como en su inequívoca decisión de completar los cuatro años de mandato, sea condenado o no.
La alcaldesa Rita Barberá señaló que «los profesionales que quieren sacar al presidente de la Generalitat, a fuerza de banquillo, son los que han dejado entrar en la política a Bildu».
Gaspar Llamazares (IU) emplazó a Camps a abandonar su cargo, y a Rajoy, a dejar de apoyarlo por «un mínimo de salud democrática». «Busque en algún bolsillo de los trajes que sí se haya pagado algún resto de honestidad política, anuncie que se marcha y no someta a la sociedad valenciana a la vergüenza de ver al máximo representante de su Gobierno sentado en el banquillo», dijo a Camps.
El juez Garzón, quien inició la causa de los trajes, aseveró: «Todos somos iguales ante la ley, hay que responder y así se hará» en la vista contra el jefe del Gobierno valenciano.
Otro de los efectos derivados del enjuiciamiento puede ser la falta de credibilidad del manifiesto de la transparencia y contra la corrupción que rubricaron en Mallorca todos los ahora presidentes autonómicos del PP, incluido Camps. Un documento que obliga a los firmantes «a recuperar el prestigio de nuestras instituciones con una acción política responsable y ejemplar».