Guerra de críticas entre el Consejo del Poder Judicial y el fiscal general
ESPAÑA
El órgano de gobierno descalifica a Conde-Pumpido por acusarlo de invadir competencias del poder legislativo
08 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La guerra larvada que de un tiempo a esta parte enfrenta al órgano de gobierno de los jueces y a la Fiscalía General del Estado se hizo oficial el pasado fin de semana. La alusión de Cándido Conde-Pumpido en la comida homenaje al ex fiscal especial antidroga y exmagistrado del Tribunal Supremo al «gobierno de los jueces que ahora parece que también quieren legislar», así como su posterior rifirrafe con uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) allí presentes, provocó una contundente reacción de la comisión permanente del CGPJ. Dicha comisión se reunió ayer para estudiar la queja formulada por el aludido vocal -Manuel Gómez Benítez- y, por unanimidad, fue adoptado un acuerdo en el que dice que la acusación de Conde-Pumpido «no solo carece del menor fundamento, sino que además significa una gravísima descalificación de este órgano constitucional del Estado».
El acuerdo añade que el vocal «ha actuado en todo momento dentro del más estricto cumplimiento de su obligación de sugerir a los poderes legislativo y Ejecutivo las medidas que considera necesarias para mejorar la Administración de la Justicia por parte de los jueces y magistrados en beneficio de todos los ciudadanos».
El origen del conflicto radica en las reuniones mantenidas con los diversos grupos parlamentarios para hacerles ver la urgencia de la tramitación de la ley de agilización procesal y otras reformas que se encuentran en este momento en debate parlamentario.
Enmiendas
En las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, sugeridas por la comisión del consejo que se reunió con los distintos grupos de la Cámara, según denuncian los fiscales, se pretende introducir modificaciones parciales de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicen que si esas modificaciones prosperan, relegarían el viejo proyecto de pasar la instrucción a los fiscales, e incluso mermarían sus actuales competencias, además de restringir de forma drástica la publicidad del proceso, endureciendo el secreto sumarial.