Es posible que, como Artur Mas afirmó ayer por la tarde, tras entrevistarse con el presidente del Gobierno, él y los suyos sean gente seria. No hay motivos para pensar lo contrario, como no los hay para pensar, así a lo loco, que no lo sean los gobernantes de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha o de Madrid. Pero lo cierto es que en esas tres comunidades, de forma destacada, se ha producido en los últimos años, al igual que en Cataluña, un incremento de la deuda en porcentajes que ponen los pelos como escarpias. Por eso, y no por otra razón, hace unos días Zapatero proclamó lo que proclamó: que el despiporre del gasto autonómico tenía que acabarse y que el Gobierno central actuaría con todos los medios legales a su alcance para poner fin a una situación que amenaza de forma muy seria la recuperación económica y la salida de la crisis. Tras la conversación de ayer en la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat de Cataluña, el primero parece haberse arrugado o, como ya es en él por desgracia habitual, parece haber cambiado de criterio. Eso no sorprende, pues Zapatero cambia de opinión con la misma facilidad con que se cambia de camisa, pero debiera ser motivo de preocupación para todos los que creen que o frenamos las pretensiones catalanas de salirse con la suya en lo que se refiere a la nueva emisión de deuda pública o no habrá forma de parar a todas las comunidades que, tras Cataluña, vendrán con la misma petición.
¿O es que Cataluña tiene algún derecho que no tienen los restantes territorios? Seguro que el nacionalismo cree que sí, pero esa creencia no es compartida, con toda la razón, por las restantes comunidades españolas. Es más, mucha gente sostiene en ellas, con motivos más que fundados, que, de poder hacerlo, el nacionalismo catalán comenzaría a marchar por la senda del privilegio fiscal que significaría el establecimiento de un sistema de financiación similar al existente en el País Vasco y en Navarra. Es decir, un sistema basado en la insolidaridad con los restantes territorios del país, o, lo que es lo mismo, un sistema en el que los catalanes de altas rentas no serían solidarios con los gallegos o extremeños de rentas bajas, como lo son los gallegos o extremeños de altas rentas con los catalanes necesitados de solidaridad.
Los privilegios fiscales vascos y navarros han sido desde su establecimiento un facto de constante distorsión política en el sistema autonómico español. Solo nos faltaría ahora que la pasmosa debilidad del presidente del Gobierno central añadiera a los ya existentes un inaceptable e inasumible privilegio catalán.