El Poder Judicial impulsa un pacto entre PSOE y PP para agilizar los trámites judiciales
ESPAÑA
El Consejo General del Poder Judicial lleva varios meses negociando con las principales fuerzas políticas un acuerdo de Estado en materia de Justicia
28 ene 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva varios meses negociando con las principales fuerzas políticas un acuerdo de Estado en materia de Justicia para aprobar dos reformas legales que modernicen los órganos judiciales y agilicen los procedimientos. El órgano de gobierno de los jueces considera que existe una buena predisposición de los grupos parlamentarios para tramitar los anteproyectos de ley antes del verano, con el objetivo de que entren en funcionamiento esta legislatura.
Una comisión del CGPJ, encabezada por los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar, José Manuel Gómez Benítez y Fernando de Rosa, se ha reunido con representantes del PSOE, PP, PNV y CIU en el Congreso en las últimas semanas. En las citas les han urgido a dar preferencia al desarrollo de dos anteproyectos de ley: uno dirigido a regular el uso de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y el otro los procedimientos.
El primero establece las condiciones necesarias para poder tramitar en formato electrónico todos los procedimientos judiciales y el segundo incluye un paquete de medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos, reducir costes y racionalizar los recursos. Estos anteproyectos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre.
El pleno del CGPJ, por su parte, ha aprobado un acuerdo en la que insta al legislador a que en este paquete de reformas se incluya el ámbito penal. Piden que se modifique la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal en los que se refiere a los recursos y al secreto de las actuaciones judiciales.
Para descargar de trabajo al Tribunal Supremo proponen que se limiten los recursos en los juicios verbales y que en los de casación ante el alto tribunal se eleve la cuantía mínima para recurrir de 150.000 a 800.000 euros. Unas medidas que están encaminadas a optimizar los procedimientos y otras a suprimir trámites procesales innecesarios o sustituirlos por otros más breves, sin merma de las garantías.