Las negociaciones para sustituir a otros tres miembros y al fallecido Roberto García Calvo siguen estancadas
13 ene 2011 . Actualizado a las 12:02 h.María Emilia Casas se despidió ayer de la presidencia del Tribunal Constitucional con un varapalo a los dos grandes partidos, a los que acusó de «incumplimiento grave de la Constitución» por no respetar los plazos establecidos para su renovación, lo que «perjudica la calidad de nuestra democracia». Así se expresó en el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado. Se trata de Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, propuestos por el PP, y Luis Ortega y Adela Asúa, avalados por el PSOE. Sustituyen a la mencionada Casas, al vicepresidente Guillermo Jiménez, a Vicente Conde y a Jorge Rodríguez-Zapata. Los tres últimos pertenecen al bloque conservador, y de esta forma este bando pierde peso, ya que contará son solo cuatro magistrados, mientras el progresista sumará siete.
El alto tribunal permanece a la espera de la renovación, de que el Congreso cumpla con su obligación de designar los sustitutos de otros cuatro miembros. Las negociaciones están bloqueadas porque el Partido Popular no está dispuesto a renunciar al nombramiento de Enrique López, vetado por los socialistas.
Aunque Casas aseguró que no quería «atribuir culpas ni repartir responsabilidades», aprovechó su último discurso al frente de la institución en la que ha estado 12 años, seis como presidenta, para lanzar una crítica demoledora a socialistas y populares, por haber provocado «un notorio retraso de más tres años, el mayor de la historia del tribunal», en la sustitución de los magistrados que debe nombrar el Senado (los de ayer). Y que aún se muestran incapaces de reemplazar a los cuatro designados por el Congreso, cuyo mandato ha expirado. Ni siquiera, reprobó, «han encontrado el tiempo preciso», desde el 2008, para cubrir la vacante del fallecido Roberto García Calvo.
Tras mantener durante mucho tiempo la discreción a la que le obligaba su cargo, no dudó en utilizar el solemne acto de toma de posesión de los cuatro magistrados para ajustar cuentas y recordar que renovar el tribunal a su tiempo no es una opción sujeta a cálculos políticos sino un «deber constitucional de inexcusable cumplimiento». Casas abogó por la modificación de los procedimientos de nombramiento previstos en los reglamentos de las Cámaras «si no consiguen que se cumpla la la Constitución». Y advirtió de que la máxima legitimidad de origen que tiene el tribunal «se ve empañada si las designaciones no se llevan a cabo en el momento previsto y quedan embarradas por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas al margen del Parlamento», lamentó.
También denunció «la crispación que ha rodeado el recurso de inconstitucionalidad» del Estatuto catalán, que calificó de «a todas luces excesivo».
«La etapa más negra»
Federico Trillo reaccionó al duro discurso de Casas diciendo que su salida pone fin a «la etapa más negra» de la institución. El coordinador del área de libertades públicas y justicia del PP la acusó de no estar legitimada para abroncar a los partidos pues ella dio luz verde a una reforma que le permitió seguir como presidenta a pesar de que su mandato había acabado en diciembre del 2007 y, además, el tribunal que presidía tardó tres años en dictar sentencia sobre el Estatuto catalán.
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, aseguró que las críticas son «un reproche que tenemos que asumir», mientras el de Justicia, Francisco Caamaño, dijo que Casas había hablado desde la lealtad al Constitucional y a la Constitución.