El Supremo ordena a la Generalitat garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza
ESPAÑA
El Tribunal Supremo ha ordenado a la Generalitat de Cataluña que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza con el objeto de que el castellano se utilice también como lengua vehicular o de aprendizaje en el sistema educativo junto con el catalán. Así lo establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal en tres sentencias notificadas ayer, en las que da la razón parcialmente a los padres de alumnos de colegios de Cataluña, que recurrieron varias resoluciones de la Consejería de Educación, ahora anuladas.
En sus recursos, los padres sostenían que si el castellano es excluido como lengua de aprendizaje, no se estaría ante un modelo de bilingüismo integral o de conjunción lingüística, sino ante un modelo de «inmersión» monolingüe, en el que la presencia del castellano tendría la misma condición que una lengua extranjera y, por lo tanto, contrario a lo establecido por la Constitución.
Según ordena el Supremo, la Generalitat debe adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que considera al castellano, junto con el catalán, como lengua vehicular de la enseñanza en esa comunidad. El alto tribunal reconoce asimismo el derecho de los padres a recibir también en castellano todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación tanto oral como escrita que les sean dirigidas por los centros escolares.
El tribunal señala que el castellano no debe quedar reducido en su uso «al de objeto de estudio de una asignatura más», sino que debe hacerse efectiva su utilización como lengua docente y vehicular de la enseñanza.
El presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, subrayó que CiU «no renunciará» a la inmersión lingüística en catalán en las escuelas de Cataluña e interpretó que que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo, en sus sentencias de ayer, «validan» este modelo. El consejero de Educación, Ernest Maragall, aseguró que la sentencia «no anula ni obliga a modificar un solo precepto» de la normativa vigente respecto a la inmersión.