El Ejecutivo dice que estudiará las peticiones del juez argentino que investiga los crímenes del franquismo

El Gobierno eludió ayer valorar si existe jurisprudencia o no para que jueces argentinos investiguen los crímenes cometidos en España durante la Guerra Civil y en los años del franquismo. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se limitó a confirmar que el Ejecutivo español «respeta» las decisiones de la Justicia argentina y que «estudiará» cualquier petición de cooperación jurídica que realice María Servini de Cubría, la magistrada argentina encargada del caso, pese a que el Gobierno español «no es parte» en este sumario. La Sala II de la Cámara Federal argentina instó a Servini a enviar un exhorto a Madrid para confirmar si en los tribunales españoles «se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado para aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977». Caamaño, más allá de esta cortesía procesal, enfatizó la labor llevada a cabo por varios Gobiernos democráticos españoles a la hora de «reparar» «gran parte de las consecuencias» de la Guerra Civil y la dictadura. Como ejemplo de esta trayectoria citó la Ley de Memoria Histórica, que ha declarado además ilegítimos los procesos judiciales del franquismo. «O bien por acción del Gobierno, o del Parlamento o de los tribunales, hemos ido poniendo remedio a esa situación. Queda tarea por hacer, pero creo que la sociedad y la democracia española ha hecho mucho», remachó. El titular de Justicia enumeró, como principales logros en este sentido por parte de los Gobiernos españoles, que se han reconocido indemnizaciones, otorgado pensiones y rehabilitado funcionarios.

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