La sentencia no solo ha generado movimientos políticos en Cataluña y Madrid, sino también en el resto de las autonomías. Hasta ahora, el foco se ha puesto sobre las partes del Estatuto de Cataluña que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegales. Pero el debate puede centrarse en los próximos meses en aquellas partes del texto que han resultado avaladas por el fallo y que introducen importantes cambios en el modelo territorial y en las relaciones del Estado con Cataluña. Esas nuevas reglas de juego pueden afectar a todas las demás autonomías, que tenderán a asumir las mismas competencias que Cataluña.
Esa situación puede crearle problemas a Núñez Feijoo y a otros presidentes autonómicos, a quienes les será difícil negarse a exigir cuotas de autogobierno a las que el Constitucional acaba de dejar claro que tienen derecho. La sentencia avala, por ejemplo, la cesión del 50% del IRPF que se recaude en Cataluña, del 58% de los impuestos del tabaco y el alcohol o del 50% del IVA. Y también ha declarado válido que el Estatuto catalán disponga que el Estado debe invertir en infraestructuras en esa comunidad una cantidad igual a su participación relativa en el PIB nacional español. Igualmente válido se considera que la Generalitat participe en la designación de miembros del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y nada objeta tampoco a que la «acción exterior de la Generalitat» incluya el establecimiento de oficinas en el exterior para «la promoción de los intereses de Cataluña» o para que participe en organismos internacionales competentes en «materias de interés relevante para Cataluña». Una redacción abierta a muchas interpretaciones.
Cambios sobre la lengua
Pero además de en lo económico o lo representativo, la sentencia afecta también a Galicia en materia de educación y en lo tocante a lengua. El tribunal ha eliminado la mención al catalán como lengua «preferente» en Cataluña, por lo que el gallego tampoco podrá serlo en Galicia. Pero el fallo aprueba la declaración del catalán como «lengua propia de Cataluña», lo que parece confirmar la Ley de Educación de esa comunidad. También se avala que los jueces, fiscales, notarios y registradores que ejerzan en Cataluña «deberán acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán».
En cuanto al debate sobre la consideración de Cataluña como nación, que se está trasladando a Galicia, el resultado podría considerarse un empate, ya que se mantiene en el preámbulo pero se aclara que carece de cualquier eficacia jurídica.