Un grupo de 75 asociaciones, en su mayoría de padres separados y con la custodia compartida, han suscrito un comunicado de apoyo al juez Francisco Serrano, expedientado por incompatibilidad por pertenecer a una asociación, y rechazaron la «politización» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las asociaciones consideran que expedientar al juez por presidir una entidad «cuyo objetivo es velar por los intereses de los menores, actividad que sorprendentemente se califica de incompatible con el cargo de juez», supone «una seria conculcación del Estado de derecho y un retroceso de los valores democráticos».
Estas entidades, que han anunciado que llevarán el caso al Defensor del Pueblo y ante instituciones internacionales, sostienen que «es impropio de un Estado democrático que la prensa se entere antes que el propio encausado de la falta de la que se lo acusa» y «aún más grave es la pasividad del Ministerio Fiscal ante este tipo de actuaciones».
El juez Serrano dijo ayer que desconoce con base en qué artículo ha sido expedientado y afirmó que los pocos jueces que en España se han atrevido a criticar «lo políticamente correcto» tienen todos expedientes disciplinarios abiertos. En todo caso, y de momento, dijo, se reserva «todo tipo de actuaciones» que pueda emprender ante el expediente y manifestó sentirse perseguido y estarlo pasando mal en lo profesional y en lo familiar.