Vocales conservadores han forzado un pleno extraordinario para que el magistrado sea apartado cuanto antes
13 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Tribunal Supremo decretó ayer la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón por abrir una causa penal contra el franquismo. El magistrado Luciano Varela consideró que el juez prevaricó en su investigación y defendió los argumentos de la única acusación en el proceso, el sindicato ultraderechista Manos Limpias, para sentarlo en el banquillo, en el que Garzón se enfrenta a una petición de condena de 20 años de inhabilitación. Su enjuiciamiento provocó la rápida reacción del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales conservadores forzaron la convocatoria para mañana viernes de un pleno para suspenderlo. Una maniobra que impedirá que Garzón se vaya al Tribunal Penal Internacional en condición de magistrado, como había solicitado.
La decisión de Varela de juzgar a Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello tuvo lugar apenas un día después de que el juez solicitara su marcha al Tribunal de La Haya. Garzón aceptó el cargo como asesor externo de la Fiscalía por un período de siete meses. Para ello pidió al consejo que tramitara su traslado en situación de servicios especiales, una suerte de excedencia que le hubiera mantenido su puesto en la Audiencia Nacional cuando regresase.
Garzón quería irse al tribunal internacional para evitar pasar por el mal trago de la suspensión en caso de que el Supremo lo llevase a juicio, como ha ocurrido. La petición parecía del agrado del consejo, ya que de un plumazo se quitaba de encima un asunto espinoso y proclive a la división interna de la institución; y también del juez, cuyo entorno le veía «encantado» con la idea de marcharse junto a Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de ese tribunal, con el que mantiene una relación de amistad.
Así las cosas, cuando todo parecía encauzado, emergió el magistrado Varela, quien en un tiempo récord, apenas un día, resolvió todos los flecos procesales que aún quedaban en la causa del franquismo, un recurso de Garzón y dos de Falange Española de las JONS a raíz de su expulsión del proceso, y, a primera hora de ayer, decretó la apertura de juicio oral contra Garzón.
Artimañas
La decisión de abrir juicio a Garzón tuvo una consecuencia inmediata en el Consejo General del Poder Judicial. Nada más conocer la noticia, el sector conservador del gobierno de los jueces movió ficha. Maniobró para que Baltasar Garzón sea suspendido cuanto antes, según establece la ley si un juez se sienta en el banquillo de los acusados. Siete vocales conservadores -Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Gemma Gallego y Antonio Monserrat- pidieron la celebración de un pleno extraordinario para apartar a Garzón de la carrera hasta que el Tribunal Supremo lo juzgue y emita una sentencia.