Desmiente a Moratinos y llega a asegurar que el ministro lo llamó para desvincular al Ejecutivo del auto judicial
04 mar 2010 . Actualizado a las 13:44 h.«No tengo nada que explicar a Zapatero». El presidente venezolano, Hugo Chávez, dio con estas palabras una sonora bofetada al ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, quien el martes había asegurado que Chávez le había mostrado en una conversación telefónica su «voluntad de cooperar» para esclarecer el supuesto vínculo de su Gobierno con ETA y las FARC, según denuncia el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en un auto emitido el lunes.
Menos de 24 horas después de la declaración amistosa del ministro español, Chávez aprovechaba un acto público para responder al Gobierno de Rodríguez Zapatero: «No tengo nada que explicarle, y le exijo que respete la soberanía del pueblo y del Gobierno de Venezuela». En un tono aún más amenazante, el líder bolivariano agregó que «de la actitud del Gobierno de España dependerán las relaciones, tienen que respetarnos». Y ello a pesar de asegurar que no tiene «intención de dañar las relaciones ni con el presidente ni con el Rey de España».
La descalificación de Moratinos llegó al extremo de que aseguró que en la conversación telefónica que mantuvo el lunes con el ministro español, este «no nos pidió ninguna explicación». Al contrario, aseguró que «él llamó para aclararnos a nosotros, para darnos una explicación; así me lo dijo: 'sepa usted que mi Gobierno no tiene nada que ver con esto'», contó Chávez.
Ya al final trató de desvincularse de la banda terrorista, pero sin dar la más mínima aclaración respecto a la acusación del juez Velasco. «¿Que si nosotros apoyamos a la banda de ETA? Es absolutamente falso. ¿Que aquí viven algunos vascos que pertenecieron a esa organización? Porque [el ex presidente] Carlos Andrés Pérez hizo un acuerdo con Felipe González del cual pareciera que no quedó escrito nada», aseguró Chávez. «Felipe González estaba buscando la paz y quizá yo lo hubiese aceptado también», agregó.
En 1989, once etarras llegaron a Venezuela gracias a un acuerdo entre González y Pérez, y recibieron el estatuto de refugiados políticos. En su auto de procesamiento, el juez Velasco se refiere a uno de ellos, Arturo Cubillas, quien sería un eslabón dentro de la presunta «cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA».