Y a solo faltaba un desencuentro público de las más altas instituciones del Estado para que la sensación de crisis total se se agudice aún más. La Constitución encomienda al Gobierno la dirección política y reserva al Rey las funciones de representación y arbitraje del «funcionamiento regular de las instituciones». Una división de funciones que se corresponde con la lógica democrática y que hasta ahora se ha respetado escrupulosamente. Por eso, la disputa más o menos velada de ayer revela la excepcionalidad de la situación actual. Porque el Rey no se ha limitado a una invocación pública de la necesidad de un gran acuerdo, lo que ya hizo el jueves, sino que se ha puesto manos a la obra para propiciarlo. Lo que conlleva una descalificación implícita del Gobierno, que siempre ha considerado innecesario un gran pacto con la oposición para hacer frente a la crisis. Pero don Juan Carlos ha demostrado poseer un olfato más fino para percibir mejor el sentir general de la calle. Reconoce así la gravedad extrema de la crisis económica y fuerza al Gobierno (y al PP) a dar un giro radical. Aun a riesgo de extralimitarse en sus funciones, el clamor ciudadano en favor de un esfuerzo conjunto de todos los partidos para superar la crisis confiere legitimidad moral a su iniciativa. Por mucho que deje en mal lugar a los partidos.