Un sector del Gobierno catalán abre una cruzada contra el Constitucional

Montilla desautoriza al responsable de Interior de su Gobierno, pero exige un fallo inmediato que avale el Estatuto


Los partidos nacionalistas catalanes emprendieron ayer una ofensiva conjunta para presionar al Tribunal Constitucional ante la posibilidad de que el inminente fallo de la máxima instancia judicial anule artículos clave del Estatuto de Cataluña. La andanada contra el Constitucional la inició el consejero de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, que instó a los miembros del tribunal a «dimitir en bloque para facilitar la renovación» porque están «deslegitimados» para emitir una sentencia sobre el texto estatutario.

Los ataques de Saura fueron secundados por CiU y ERC, pero no por el PSC. La situación obligó al presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, a aclarar públicamente que las palabras de Saura «no son fruto de un consenso de Gobierno» y que el consejero hablaba únicamente como responsable de Iniciativa. En todo caso, Montilla pidió al alto tribunal que dicte sentencia lo antes posible. «Lo que debería hacer es agilizar sus trabajos y dictar sentencia, e intentar no hacer de tercera cámara y sentenciar que el Estatut es plenamente constitucional, es lo que creo que espera la sociedad catalana», añadió el presidente de la Generalitat.

Desde el PSC, su portavoz, Miquel Iceta, aclaró también que no respaldan a Saura. «No compartimos en absoluto la declaración», afirmó Iceta, que en la última reunión de la ejecutiva el PSOE fue advertido por el propio Zapatero de que el PSC debería acatar el fallo del Constitucional, sea el que sea, sin deslegitimar a un tribunal que constituye «el corazón de la democracia».

ERC, ICV y CiU se suman

Pero los otros dos miembros del Gobierno catalán sí celebraron las acusaciones del consejero de Interior. La portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Anna Simó, consideró «muy saludable y muy loable» la opinión de Saura y afirmó que «está muy bien» que se haya expresado en ese sentido. Jaume Bosch, diputado de ICV, partido al que pertenece Saura, juzgó perfecta la postura de su compañero. Bosch aseguró que «con un magistrado fallecido, otro recusado y cuatro pendientes de relevo, sería la mejor decisión que el tribunal dimitiera».

Desde la oposición, el presidente de CiU, Artur Mas, se sumó a las presiones al Constitucional y calificó de «absolutamente esperpéntico» que lleve tres años sin fallar sobre el Estatuto catalán. Mas ya había pedido la dimisión de todos los miembros del tribunal la semana pasada, por lo que eludió valorar las palabras de Saura. «Lo que es importante es que la sentencia llegue ya y que sea favorable a los intereses de nuestro país, porque Cataluña no puede vivir en esta situación de incertidumbre permanente respecto a una ley tan importante como esta», añadió el líder de CiU.

Tras escuchar la rueda de declaraciones, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó a los dirigentes políticos que no interfieran en las decisiones que debe tomar el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Según afirmó, «el momento de analizar, estudiar y acatar la sentencia llegará cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie». Hasta que llegue ese momento, el Gobierno entiende que «lo prudente, lo razonable, lo que toca y lo que procede es que quienes tenemos responsabilidades políticas no interfiramos».

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