La intervención de las comunicaciones en España está garantizada por un exhaustivo control judicial, idéntico antes y después de aparecer el Sitel. Sería deseable un desarrollo legislativo más minucioso, cierto, pero no para limitar la forma en que se realizan las intervenciones en la actualidad, sino para una mayor seguridad de los jueces que las acuerdan, puesto que en ausencia de norma, las limitamos hasta lo máximo.
Antes de que el Sitel empezase a funcionar, eran las propias compañías de telecomunicaciones las que efectuaban las intervenciones desviando las llamadas. Tal sistema de intervención era tercermundista y absolutamente falto de garantías. Que intervenciones que afectan a derechos fundamentales estuviesen en manos de compañías privadas era poco comprensible. Por ello, cuando el Sitel empezó a funcionar en el año 2004 se cerraba un círculo de seguridad y garantía, por cuanto manteniendo la estricta vigilancia judicial, se eliminaba la intervención de entidades privadas y se establecía un minucioso sistema de control, que permite revisar todo el proceso de interceptación, comprobando que no se haya producido irregularidad alguna.
Durante los casi seis años que trabajé como juez instructor en Vilagarcía, me provocaba una sonrisa de condescendencia oír a los narcotraficantes describir los medios que la policía supuestamente utilizaba para interceptar sus comunicaciones. Los más imaginativos afirmaban la existencia de unos furgones que con tecnología propia de la NASA podían interceptar las comunicaciones de cualquier teléfono. Con el tiempo, ya se hablaba de unos maletines que no solo podían intervenir cualquier comunicación, sino que incluso eran capaces de activar los teléfonos para que funcionasen como micrófonos. Siempre atribuí esas erráticas divagaciones a un peligroso cóctel, formado por la ingesta abusiva de películas de espías y capítulos de la serie norteamericana CSI, mezclada con una ausencia total de formación cultural.
Con el tiempo, me enfrenté en muchas ocasiones a escritos envenenados de letrados que afirmaban la ilegalidad de las intervenciones realizadas bajo mi supervisión. Yo era consciente de que los letrados se veían obligados a mentir. Respecto del debate que ahora se plantea, no advierto nada nuevo, y a buen entendedor, pocas palabras.