Dirigentes del PP valenciano acusaron ayer a la Fiscalía de incurrir en un «abuso institucional» por tratar supuestamente de eliminar pruebas del caso Gürtel que favorecían al presidente valenciano, Francisco Camps.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, exigió explicaciones sobre esta presunta eliminación de pruebas y pidió «dimisiones de los responsables de Justicia». En su opinión, «el fiscal jefe y detrás de él, el Gobierno, son los que tienen que dar explicaciones de estas barbaridades, de estos abusos institucionales y pedir perdón a las personas a las que públicamente se les ha hecho tanto daño». Según la alcaldesa, «cuando encima se sabe que las declaraciones son absolutamente pruebas exculpatorias de quien han tenido siete meses sufriendo como si fuera parte de un caso delictivo, me parece indecente, cuanto menos inmoral».
El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, dijo que «lo que llega tarde es el descubrimiento de que se han ocultado conversaciones grabadas durante meses por parte de la Fiscalía donde se recogía claramente que el presidente no había recibido ningún objeto de regalo».