El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a petición de la Fiscalía, procesó ayer por integración en la banda terrorista ETA a las ex diputadas del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK/PCTV) Nekane Erauskin y Karmele Berasategi, al presidente de esta formación, Juan Carlos Ramos, y a sus tesoreros, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto.
En el auto, el magistrado relata que todos ellos convirtieron el partido ahora ilegalizado en una marca al servicio de Batasuna, que usaba esas siglas en «función del interés del complejo terrorista liderado por ETA». Desde el 2005, explica el juez, el PCTV se integró en el «frente institucional» de ETA para «continuar la acción delictiva» que dictaba la banda.
Garzón insiste en que la prueba más clara de la sumisión y «fagocitación» del Partido Comunista de las Tierras Vascas por parte de Batasuna son sus cuentas. Afirma que ha quedado demostrado que los responsable de EHAK no dudaron en hacer un «vaciado» de sus arcas para garantizar la supervivencia de la coalición proscrita. Así, Batasuna dispuso de 837.000 euros con los que contribuyó «al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista».
La subordinación económica a las directrices de Batasuna, relata, llegó al extremo de que el PCTV y la también ilegalizada Acción Nacionalista Vasca hicieron una suerte de caja única en la que se vertían todos los recursos económicos, que luego eran usados por dirigentes de la histórica coalición proscrita. El juez de la Audiencia Nacional apunta además a la colaboración del PCTV con la estrategia de ETA, sobre todo en su oposición al tren de alta velocidad.