La decisión del juez de seguir adelante con la investigación contra Camps por un delito de cohecho provocó la reacción del PSOE, que desde Valencia pidió su dimisión y exigió a Rajoy que lo expulse. La secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, afirmó que con la decisión del juez adoptada ayer se convertirá en una realidad judicial lo que los ciudadanos sospechaban.
«Me han escuchado muchas veces decir que es el momento de los jueces y que, por tanto, le toca a los jueces decidir», afirmó Pajín. «Parece evidente, según lo que acabamos de conocer, que empieza a ser una realidad judicialmente hablando lo que todos los ciudadanos sospechan de este caso», añadió. La número tres del PSOE reclamó a Francisco Camps que «no responda cuestionando el proceso judicial o a los jueces», sino «dando explicaciones», ya que, a su juicio, «cada día que pasa tiene muchas más que dar».
«Clamor» contra Bárcenas
El PSOE considera también que existe un «clamor» en el PP para que su presidente, Mariano Rajoy, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, «aparten» al tesorero del partido, Luis Bárcenas, también investigado en el caso Gürtel. A juicio de Leire Pajín, la actitud de los populares en este caso es la de «mirar hacia otro lado y no aplicar responsabilidades, ni querer llegar al final con los imputados que tienen en las diferentes comunidades autónomas».
Desde Valencia, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, afirmó que Camps debe dimitir y exigió a Rajoy, que lo suspenda de militancia y lo expulse del partido. «El presidente Camps debe de dimitir y Rajoy tiene que asumir la responsabilidad política, como cómplice político», y «tiene que suspenderlo de militancia, junto a Costa», insistió.
El dirigente socialista acusó a Rajoy de ser «colaborador necesario de la trama Gürtel y responsable político de todo lo que está pasando». A su juicio, el líder nacional del PP «deberá explicar a la gente por qué sigue protegiendo a Camps, a Correa y a los miembros de la trama corrupta». Según Alarte, «no hay precedentes en la democracia en España de que un presidente de la Generalitat vaya a ser juzgado ante un tribunal».