El Estado se personará como acusación particular en la trama madrileña del caso Gürtel después de que la Agencia Tributaria haya constatado la supuesta comisión de fraude fiscal por parte del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y otros imputados en la trama de corruptelas y favores que salpica a la formación conservadora. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, informó ayer que ya ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que pida ser parte perjudicada en la causa, ya que hay «en juego» delitos contra Hacienda, y el Gobierno, que «tiene la obligación de defender y velar por los intereses de todos los españoles», debe intervenir.
Caamaño tomó la decisión de que la Administración se persone en este sumario el lunes, poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiera elevar una exposición razonada al Supremo al encontrar indicios de fraude y cohecho en la actuación de Bárcenas, del diputado nacional Jesús Merino y del eurodiputado Gerardo Galeote. El titular de Justicia tiene en su poder el informe de Hacienda que ha permitido a la Fiscalía solicitar la imputación de los tres aforados del PP, unos datos que han llevado a su departamento a adoptar «las medidas necesarias» en «defensa del dinero de todos los españoles».
Caamaño se esmeró en disipar cualquier intencionalidad política en la decisión y negó que el Ejecutivo haya «cambiado de opinión» tras las elecciones europeas. «Antes de tomar ninguna decisión, primero se dejó actuar al Ministerio Fiscal para que mirase si había indicios o no; tan pronto la Fiscalía y los jueces nos trasladaron que podía haber algún tipo de ilícito contra la hacienda pública, pedimos un informe a la Agencia Tributaria, que nos ha dicho que, según la investigación que ha realizado, sí se han producido delitos», detalló.
Fuentes gubernamentales precisaron que la personación no solo responde al supuesto perjuicio causado por Bárcenas a las arcas públicas, sino a los desfalcos de otro «importante número» de imputados en estas actuaciones, entre ellos Francisco Correa, jefe de la red de corruptelas, que habría evadido sumas millonarias en paraísos fiscales. En el caso del tesorero del PP, al que la Fiscalía acusa de cooperador necesario en el delito de cohecho, la Agencia Tributaria habla de un gran «desfase patrimonial» en los últimos cinco años, que no se corresponde ni mucho menos con la suma de sus ingresos familiares, herencias y la más «óptima gestión» de sus activos preexistentes.