Son muchos los que piensan que las transferencias de competencias a las autonomías ha tenido consecuencias muy negativas para la Administración de Justicia. «El sistema no puede funcionar con tal dispersión de competencias: el juez depende del Consejo General del Poder Judicial; el secretario, del ministerio; y los funcionarios, de la Xunta, y cada uno anda a su aire, porque el secretario no manda sobre los funcionarios, no puede ni sancionarlos. Las cuestiones relacionadas con la Justicia debieran ser competencia del Consejo del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia», apunta Antonio Fraga Mandián.
La realidad, según apunta Vázquez Taín, es que las infraestructuras judiciales se caracterizan por la falta de planificación en todas las comunidades autónomas con competencias en la materia. Solo se salvan la Comunidad Valenciana y el País Vasco, porque fueron los más previsores a la hora de planificar.