El empresario, que está en el programa de prevención de suicidios por su depresión, fue al juzgado en ambulancia
01 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El magistrado del caso Gürtel, Antonio Pedreira, avaló ayer la investigación de Baltasar Garzón sobre la trama corrupta que salpica al PP y ratificó la situación de prisión preventiva para el cabecilla de la red, Francisco Correa Sánchez. El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras interrogar durante tres horas y media al principal imputado, confirmó los cargos principales por los que el juez de la Audiencia Nacional encarceló al empresario el pasado 12 de febrero: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.
Pedreira rechazó la posibilidad de dejar a Correa en libertad, tal y como había pedido su abogado, José Antonio Choclán, que argumentó, entre otras cosas, que su defendido debía de salir de la cárcel para atender debidamente a su hermano inválido. Las dos fiscalas anticorrupción asignadas al caso, Concha Sabadell y Miriam Sánchez, se opusieron a la excarcelación.
El magistrado del tribunal madrileño se negó a variar las medidas cautelares que pesan contra el jefe de la red de corruptelas, no tanto por la posibilidad de que Correa destruya pruebas como por el riesgo de que huya al extranjero. Fuentes judiciales recordaron que la Policía Judicial tuvo que precipitar la redada en la que fueron capturados el empresario y sus dos más cercanos colaboradores, Antoine Sánchez y Pablo Crespo, porque Correa, sabedor de que estaba siendo investigado, planeaba huir de España horas después. De hecho, el imputado ya había comenzado los trámites para solicitar la nacionalidad panameña. Además, tiene múltiples propiedades inmobiliarias y negocios en el extranjero.
El juez y las fiscalas tampoco se conmovieron por el supuesto deterioro de Correa. El empresario fue llevado desde la prisión madrileña de Soto del Real hasta los alrededores del tribunal en una ambulancia, un traslado especial que en muy escasas ocasiones se permite a los presos que van a declarar a un juzgado. Según fuentes penitenciarias, se usó un vehículo medicalizado, escoltado por la Guardia Civil, porque el recluso tiene diagnosticada una claustrofobia que le impide viajar en el reducido espacio del furgón policial. Una vez en Madrid, el convoy penitenciario hizo una parada en la cercana Audiencia Nacional para traspasar a Correa a un coche, ya que la ambulancia no cabe en el garaje.
Fue en ese momento, solo durante unas décimas de segundo, cuando se pudo contemplar el rostro de Correa, al que no se veía en público desde hace casi tres meses. El empresario, aunque bronceado por las horas de sol en el patio de la prisión de la sierra madrileña, presenta un aspecto demacrado, envejecido.
Nada trascendió de su interrogatorio, solo que fue una declaración lenta, ya que el imputado se mostró muy fatigado y deprimido. Su abogado, que se limitó a señalar que su cliente se declaró inocente, insistió en el deterioro psicológico que el paso por la cárcel ha supuesto para el otrora empresario de éxito. Una depresión confirmada por los especialistas de Instituciones Penitenciarias, que ya hace un mes lo incluyeron en el protocolo de prevención de suicidios.
Horas antes de Correa pasaron por el despacho del magistrado el presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo-Asins, y un ex directivo de FCC Construcción, Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente. El instructor los dejó en libertad sin medidas cautelares, pero les imputó los mismos seis delitos que al cabecilla de la red.