Los especialistas coinciden en que las comisiones de investigación parlamentarias no sirven para aclarar los hechos, como demuestran las experiencias que ha habido. Son un escenario más, eso sí de especial relevancia, de la lucha partidaria que los ciudadanos juzgan políticamente. Pero la fugaz pantomima que se ha desarrollado en la Asamblea de Madrid no tiene precedentes. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto L. Blanco Valdés presagiaba antes de que se abriera lo que iba a pasar: «Estoy absolutamente convencido de que la comisión se va a constituir con la finalidad de tapar toda responsabilidad, de que la intención del PP es imponer unas conclusiones que le salven la cara». Solo dejaba abierta la posibilidad de que la dinámica de su funcionamiento acabara sacando algunas cosas a la luz. Esperanza Aguirre no ha dado la menor opción. A regañadientes La lideresa abrió la comisión a regañadientes, presionada por Rajoy, que quería aclarar si un hombre de su máxima confianza, Alfredo Prada, y también el gallardonista Cobo, habían sido espiados por los aguirristas por apoyarlo en el Congreso de Valencia. El PP empleó técnicas dilatorias para que no comenzara a funcionar hasta después de las elecciones gallegas y vascas, marcó con puño de hierro su agenda y su funcionamiento, limitó la documentación pedida por la oposición y vetó algunas comparecencias. Es evidente que la pretensión de Esperanza Aguirre al crear la comisión era ganar tiempo, diluir el asunto y cerrarla a la menor oportunidad. Los populares alegan que dado que los partes de seguimiento son falsos no hay caso. ¿Si tan seguros están, por qué no han permitido que se cotejen en la comisión con los presuntos espiados? Hubiera sido muy sencillo y de esa forma se habrían disipado todas las dudas. ¿Por qué tampoco han permitido que declare Ignacio González, que lo había pedido? La forma en que Aguirre ha dado carpetazo a la investigación arroja sombras sobre la actuación de su Gobierno.