La dirección de Rajoy da un trato diferente a los sospechosos


Diez dirigentes imputados, cinco aforados bajo sospecha y tres tribunales investigando la trama de corrupción relacionada con el PP dibujan un panorama sombrío para el partido de Mariano Rajoy, que apenas tuvo unas horas para disfrutar de su reciente éxito electoral en Galicia y el País Vasco.

La organización delictiva nació en la sede central del partido al amparo del aparato de Organización, bajo la presidencia de José María Aznar, pero más tarde, expulsado del nido original, se extendió por las comunidades valenciana y madrileña.

Rajoy ha tratado de forma diferente a los militantes implicados en la causa de una y otra autonomía porque la actuación del entramado investigado era muy distinta en uno y otro territorio. Los autos de inhibición del juez Baltasar Garzón han venido a confirmar un secreto a voces en los pasillos de la sede popular de la calle Génova: el tinglado de Francisco Correa se construyó en los años noventa sobre las relaciones del empresario con los funcionarios del partido. El negocio floreció cuando el PP llegó al poder y se hacían actos cada vez más potentes.

La amistad del empresario con el entonces gerente Luis Bárcenas y el contacto frecuente con Jesús Sepúlveda Recio, alcalde hasta el viernes de Pozuelo (Madrid) y en aquellas fechas secretario de Organización del PP, encargado de la organización de los eventos del partido como responsable electoral, fueron pilares sólidos sobre los que Correa construyó su alianza con la organización política y creó así un entramado de influencias en las administraciones que iban ocupando sus amigos del aparato. Sepúlveda estaba casado con la hoy vicesecretaria de Organización, Ana Mato, que también ocupaba un cargo en la dirección nacional. Fue destituido como responsable electoral en el 2003 y circularon rumores en el partido sobre su connivencia con las facturas abusivas que presentaban al partido las empresas de Correa.

Negocio diversificado

En la misma época crecieron las amistades de Correa y su entorno con los restantes funcionarios del partido: Guillermo Ortega, Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y otros militantes que participaban en los preparativos de los actos del partido. Más tarde, accedieron a cargos de la comunidad y los ayuntamientos hasta donde, muy pronto, llegaron los tentáculos del entramado de Correa. La red estableció relaciones supuestamente delictivas para hartarse de intermediar en la oferta de contratos públicos, controlados mediante sobornos, y cobrar comisiones a los adjudicatarios.

El PP dejó caer a los presuntos corruptos madrileños con dimisiones y suspensiones de militancia que Aguirre aplicó sin muchas contemplaciones. Sin embargo, la dirección nacional salió en defensa de los dos aforados de la Comunidad Valenciana, el presidente Francisco Camps y el secretario general Ricardo Costa, que habrían recibido dádivas de la terminal valenciana de la trama que, supuestamente, pagó sus gastos en vestuario. Con ser menos relevantes penalmente, los hechos son de un calado político indudable y dejarán huella en la trayectoria política de los afectados.

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