Asegura que trata de tapar el paro, los escándalos de Touriño y obtener réditos en las próximas elecciones
09 feb 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El PP acusó ayer a los socialistas de utilizar la Fiscalía del Estado, el Ministerio del Interior y al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para llevar a cabo una campaña de «difamación y acoso» contra su partido. Dicho de otra forma, de emplear de manera «escandalosa» los «medios del Estado» en beneficio propio con la intención de «modificar la intención electoral de los ciudadanos», tapar el paro y destruir al PP.
La secretaria general, María Dolores de Cospedal, fue la encargada de expresar la «opinión oficial» del partido después de que el viernes se destapara la trama de corrupción que afecta a ayuntamientos y a personas vinculados con el PP, entre ellas el ex secretario de Organización en Galicia Pablo Crespo. «El PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad», aseguró.
Consciente de la gravedad de las acusaciones a solo tres semanas de las cruciales citas electorales de Galicia y el País Vasco, los populares han decidido sacar toda su artillería pesada para contrarrestar las acusaciones de los socialistas. De Cospedal llegó incluso a resucitar los escándalos de la época de Felipe González, la financiación ilegal, el uso de fondos reservados y los «asesinatos de Estado», como los calificó. «No vamos a consentir de ninguna manera que el partido de los GAL y de Filesa le dé lecciones a este país y menos al PP», advirtió.
La número dos de Rajoy, que ayer se encontraba en Suiza, aseguró que la campaña socialista, en la que «está utilizando los medios del Estado de manera escandalosa», es una «cortina de humo para tapar los más de tres millones de parados y el escándalo del presidente de la Xunta de Galicia, por el lujo para su beneficio particular que no puede explicar a los miles de gallegos y gallegas que tienen que ir a votar dentro de unos días».
De Cospedal exigió al Poder Judicial que tome medidas, incluso penales, para evitar las filtraciones de datos «interesados» con influencia electoral del contenido del sumario, que se ha declarado secreto, causando la «indefensión» de su partido, que está siendo acusado «sin que haya una relación directa con lo que está apareciendo en los medios de comunicación».
En ese sentido, apuntó directamente al juzgado de Garzón como origen de las filtraciones publicadas cuando se le preguntó si descartaba que las hubiera hecho alguien del PP, en lo que sería una episodio más de su lucha interna. «Las únicas filtraciones que están acreditadas son las que se están produciendo por parte del juzgado del señor Garzón», manifestó.
Incidió en la existencia de una campaña «perfectamente orquestada», una «operación de acoso y derribo», en la que participan diversos medios informativos, pero evitó dar explicaciones sobre las relaciones del presunto jefe de la trama, Francisco Correa, con el PP y las actividades de Pablo Crespo, que actuaba como administrador único de empresas beneficiadas con contratos en los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Boadilla. «Que una institución contrate a una empresa no le vincula de por vida. Es una difamación decir que hay una vinculación», se limitó a decir.