El Ejecutivo espera que el Consejo General del Poder Judicial frene el próximo lunes a los jueces decididos a ir a la huelga. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, recordó ayer que el órgano de gobierno de la magistratura debatirá en pleno extraordinario si este colectivo tiene derecho a convocar un paro laboral y subrayó que antes de tomar cualquier decisión sería bueno conocer su postura.
Fuentes gubernamentales admiten que lo mejor sería que el Tribunal Constitucional se pronunciase al respecto, pero por el momento no hay acto alguno que recurrir. Y con un sector de la judicatura enrocado en sus posiciones y determinado a ir a la huelga, la situación parece haber entrado en vía muerta.
Lo único que fue capaz de reclamar ayer la número dos del Ejecutivo fue «esfuerzo y responsabilidad». «Nosotros estamos dispuestos a seguir sentándonos cuantas veces sea necesario», aseveró.
En tono conciliador, Fernández de la Vega, juez de carrera, convino que la Administración de Justicia aún debe mejorar mucho, pero insistió en que para lograrlo es necesario el entendimiento.
«Tenemos un compromiso, se trata de un poder del Estado muy importante y de un servicio público al que es exigible una respuesta de calidad, y ahí todo el mundo tiene su responsabilidad», añadió. «Nosotros vamos a ejercer la nuestra dialogando».
Las esperanzas del Ejecutivo están cifradas en un CGPJ que desde que comenzó el conflicto ha procurado ponerse de perfil. «Ahora -manifiestan desde la Moncloa- no les queda más remedio que opinar».
Pleno extraordinario
Manuel Almenar, vocal del CGPJ para Galicia y la zona norte, dice que «habrá un pleno extraordinario para abordar todas estas cuestiones [la huelga] el próximo lunes y lo lógico es que el Consejo se pronuncie sobre los escritos y peticiones que vayan llegando estos días».
En su opinión, se trata de una situación excepcional, aunque no es la primera vez. «Ya en 1981 hubo unos asomos de convocatoria de huelga por parte de los entonces magistrados de Trabajo que al final no se materializó».
Manuel Almenar considera que actualmente no existe división entre los jueces, ya que «las divergencias existen en el cómo, en la forma de conseguir la realidad de esas peticiones, que esas peticiones sean una realidad efectiva. Hay compañeros que apuestan decididamente por la vía de la negociación y el dialogo al considerar que, en estos momentos, se da una voluntad por parte del Ministerio de Justicia y de las diferentes comunidades autónomas en profundizar en la mejora de la Administración de Justicia, y otros compañeros que quieren o consideran que ha transcurrido ya tanto tiempo que esas propuestas se deberían formalizar ya».