El número dos del Consejo asegura que la reforma de la Justicia es la asignatura pendiente de la democracia
01 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La experiencia es un punto y Fernando de Rosa tercia con maestría las cuestiones espinosas que han caído sobre el nuevo Consejo General Poder Judicial en estos dos primeros meses de vida. El periplo de este magistrado valenciano por la Universidad y la Consejería de Justicia de su comunidad le han dado tablas suficientes para lidiar asuntos como el malestar de los jueces por la carga de trabajo, la resolución del expediente abierto al juez Tirado o las críticas del Supremo.
-Las duras críticas a la elección de los vocales del CGPJ, ¿no han sido una pesada losa antes de empezar?
-No lo creo. Hemos llegado con ganas locas de trabajar, en dos meses hemos sacado un plan de modernización, un plan de choque para los juzgados mercantiles, otro de formación para jueces y magistrados, y hemos redoblado esfuerzos en materia de violencia de género. Las críticas se combaten con los hechos y los jueces trabajamos sobre datos, no sobre prejuicios. En cualquier caso, han sido injustas.
-Ya han tenido que responder a los jueces por las cargas de trabajo y a asuntos mediáticos como la sanción al juez Tirado. ¿Muchos frentes en poco tiempo, no?
-Somos conscientes de que veníamos a un órgano con asignaturas pendientes. El tema de la carga de trabajo era algo arrastrado y lo ocurrido en Sevilla sabíamos que nos iba a caer. No nos sorprende. Nuestra ilusión es que dentro de cinco años se nos reconozca un esfuerzo para que la Justicia mejore.
-¿Cree que el plan de modernización satisface las demandas de los jueces?
-Por supuesto. Hemos puesto encima de la mesa un diagnóstico sobre el estado de la judicatura y ahora tiene que ser el especialista (Ministerio de Justicia) el que dispense la medicación con el apoyo de las autonomías. Si no lo hacen, tendrán al Consejo en contra. A veces no es cuestión de dinero, solo de reformas legislativas.
-La Justicia parece el último gran actor en renovarse.
-Es la asignatura pendiente de la democracia. En 1978 hicimos una Constitución en la que era prioritaria la reforma política, en los años ochenta llevamos a cabo la reestructuración territorial y en los noventa la reforma de la Administración general. La Justicia es el último gran pilar del Estado que queda por reformar.
-Dígame una cosa. ¿Los jueces tienen derecho a la huelga?
-(Risas) Es una cuestión que está en la calle. No está previsto en ninguna ley que los jueces tengan derecho a la huelga, pero creo que debería estudiarse. No obstante, tienen cauces muy importantes para reivindicarse. Reclamaciones sí, peticiones claro, ahí está la libertad de expresión. Pero es una cuestión interna. La potestad de los jueces es muy seria y creo que una huelga no tendría cabida, porque quien lo pagaría serían los ciudadanos.
-Molestó el comunicado del Supremo en el que les echaba en cara la tibia respuesta al Gobierno por su intervencionismo.
-Molestar no, porque yo defiendo la libertad de expresión y los magistrados del Supremo la tienen. Pero ya dije que los juicios hechos sin datos sólidos son prejuicios y no creo que la judicatura tenga que basarse en prejuicios. Lo que pide el Consejo del Poder Judicial al Tribunal Supremo es respeto, y respeto para que podamos medir los tiempos en cada asunto.
-¿Cree que la resolución sobre el juez Tirado fragmentará la unidad que preconiza el Consejo?
-Vamos a actuar en conciencia. Si un vocal actúa en conciencia y no se ve presionado ni por cuestiones externas ni internas la resolución que salga será criticable, pero se deberá respetar.