La Administración de Justicia sufrirá un lavado de cara con la implantación de la nueva oficina judicial a lo largo del próximo año. Este es el plazo que se han dado el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para sacar adelante una reforma que reordenará el reparto de trabajo de los juzgados.
Los principales beneficiados serán los jueces, que verán atendida una de sus eternas reivindicaciones, ya que la excesiva carga de trabajo se reducirá en favor de los secretarios judiciales, sobre todo en lo referente a las labores burocráticas. La idea inspiradora de la reforma es dar más peso a los secretarios, de modo que salvo los supuestos en que una toma de decisión procesal pudiera afectar a la función estrictamente jurisdiccional, se ha optado por atribuirles las competencias de los trámites.
Pero antes de nada, tanto el ministerio como el Consejo se comprometieron ayer a realizar un estudio exhaustivo sobre la carga de trabajo de cada órgano judicial para determinar si requieren o no refuerzos de personal.
Con la nueva oficina judicial, la clave de bóveda de la reforma, los casi 4.000 secretarios judiciales tendrán ahora la autoridad, por ejemplo, de comprobar si las demandas o escritos iniciadores de los procedimientos cumplen los requisitos formales exigidos antes de que el juez se pronuncie sobre su admisión. Además, trabajarán de forma más especializada y en unidades de apoyo a jueces junto a otros funcionarios.
Mayor conexión
El despliegue de la nueva oficina judicial, para lo que habrá que reformar quince leyes procesales, traerá consigo mejoras tecnológicas que facilitarán la información sobre un expediente concreto, la agenda de señalamientos de un partido judicial, la interconexión informática entre las fiscalías y su acceso al estado de los procedimientos.
Otra novedad radica en que los procuradores podrán comunicar la ejecución de una sentencia cuando la parte a la que representa lo considere oportuno, descargando así el trabajo de los servicios de comunicación de la Administración de Justicia. Las mejoras tecnológicas permitirán además grabar toda clase de vistas, por lo que no será necesaria la presencia del secretario en la sala, que se beneficiará de la firma electrónica para dar fe pública.
«Queremos generar en los jueces la sensación de que las autoridades están empeñadas en mejorar sus condiciones de trabajo», justificó el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez. De la misma forma, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, confía en que esta reforma sea tenida en cuenta por la judicatura antes de continuar sus protestas.
El ministerio garantizó al Consejo la implicación de las autonomías en la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, para que esta no se desarrolle a distintas velocidades según el territorio. La reunión de más de tres horas con la presencia de vocales y altos cargos de Justicia destacó por la sintonía existente entre los planteamientos de unos y otros. Al fin y al cabo, los ambiciosos proyectos del Poder Judicial dependen de los presupuestos del ministerio.