Rechaza la etiqueta de conservadora que cuelga de la asociación que preside y desde la que reclama la reforma del sistema de elección del Consejo del Poder Judicial
24 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Defiende al ministro de Justicia, porque, debido a su procedencia, «conocimiento no le falta». Otra cosa es el Gobierno al que Mariano Fernández Bermejo representa, con el que Chamorro discrepa, «por su concepción de la Administración de Justicia».
-Hay 500.000 sentencias sin ejecutar, y eso solo atendiendo a las causas penales. ¿Cree que hay que cambiar el modelo del sistema judicial?
-El sistema judicial español tiene un diseño óptimo. Lo que ocurre es que la situación de la Justicia no es el paradigma de inversión por parte de las Administraciones públicas. Hace 30 años que no se invierte lo suficiente. Somos siempre la hermana pobre de los presupuestos del Estado y así no se puede esperar más.
-¿Piensa que la causa de las demoras y del trabajo acumulado es la falta de dinero?
-Es evidente que hay unos problemas añadidos. La Administración de Justicia depende de otras Administraciones públicas y yo no conozco ningún otro servicio público en España que esté en la misma situación. Ni el sanitario, ni el ferroviario ni ningún otro. Jueces y fiscales dependen del CGPJ, secretarios y subfiscales dependen del Ministerio de Justicia, y medios materiales y personales dependen de las comunidades autónomas.
-¿Eso también justifica la cadena de errores judiciales de los últimos meses?
-Quisiera que me dijeran dónde están. Eso de hablar de errores judiciales en relación a un error de un magistrado, exige que se acredite y yo niego la mayor. Ha habido quizá un error del sistema, en el que intervienen varios operadores. Habrá que investigar dónde está exactamente el error. De ahí a proyectar la responsabilidad sobre una persona hay un abismo. No se niega que hayan existido disfunciones y hay que buscar dónde se ubican. Disfunciones las ha habido y las habrá, como las hay en la sanidad o en los medios de comunicación y en cualquier otro sector público o privado.
-¿El poder judicial español es independiente?
-Creo en la necesidad de independencia de jueces y magistrados frente al poder político. Y creo que esa independencia existe. Los jueces y fiscales españoles son imparciales y neutrales desde el punto de vista social y político. Son personas que hacen un gran esfuerzo diario por sostener un servicio público que, en relación a las cargas de trabajo que tienen, funciona de una forma satisfactoria. Están dando todos los días el do de pecho y tienen una formación absolutamente contrastada.
-Sin embargo, hay cambios de criterio de algunos jueces que son difíciles de entender.
-Es evidente que hay disfunciones, como dije anteriormente. Pero en ese caso ya están los servicios de inspección para atajar el problema. En resumidas cuentas, el poder judicial español es un poder independiente. Distinto es el Gobierno de ese poder judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano que ejerza funciones judiciales y nuestra asociación viene denunciando desde hace más de 25 años la situación en la que está el sistema de elección de vocales de este órgano.
-¿Por qué motivo?
-Se ha huido del espíritu de la Constitución que preveía que 12 de los 20 miembros del consejo fueran elegidos directamente por jueces y magistrados. El propio Tribunal Constitucional dijo que este era el menos malo de los métodos. De esa manera se neutralizaría esa imagen generalizada de que este órgano de gobierno traslada las mayorías parlamentarias.
-¿La transferencia total de competencias ayudaría a la imparcialidad?
-Hemos mostrado nuestra preocupación por la posible creación de 17 consejos autonómicos como órganos descentralizados del Poder Judicial, cuya elección de miembros también descansa en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Esto solo multiplicaría el problema por 17.
-¿El sistema de oposición es el único válido para crear jueces?
-Hacen falta jueces, pero también incentivar a los que hay ahora en servicio. No se pueden crear jueces de hoy para mañana. Cualquier persona no es intercambiable en su ámbito profesional. Un traumatólogo o un otorrino no pueden operar un corazón. Los ciudadanos deben demandar que sus asuntos los resuelvan jueces cualificados. El sistema más óptimo de acceso a la carrera judicial es el que hay: el de oposición, que asegura una igualdad absoluta. Quizá sea necesario un sistema de becas que lo complemente. Pero no valen sistemas de saldo para reclutar de forma urgente jueces sin cualificación.